¿Cuánto tardan los gobiernos populistas en convocar una Asamblea Constituyente?

Por Fernando Tincopa

Recientemente Perú Libre presentó un proyecto de ley que busca introducir la figura de una Asamblea Constituyente en la legislación. La noticia ha pasado algo desapercibida y no parece haber obtenido la relevancia que amerita. ¿Es esto un anticipo del destino que le espera a dicha iniciativa, o es momento de prepararnos para un escenario constituyente en el corto plazo?

No es la primera vez en Perú que se presenta un proyecto que busca cambiar el marco constitucional. Tan solo en el último año, en el congreso anterior presentaron nueve (9) proyectos de ley que tenían como objetivo “Convocar [de manera directa] a un Referéndum para una Nueva Constitución” (AP), “Incorporar la Asamblea Constituyente como medio de reforma constitucional” (FA), e incluso “Derogar la Constitución del 93 y reestablecer la Constitución de 1979” (UPP). Ninguno logró avances concretos y se redujeron a simples expresiones de voluntad. La diferencia ahora es que quién impulsa el tema es el gobierno de turno y que le ha asignado un alto grado de prioridad al tema.

En general, los gobiernos latinoamericanos que han impulsado el cambio de constitución lo iniciaron desde la tribuna de sus candidaturas, antes de llegar a la presidencia. De ahí que, en la mayoría de los casos, los presidentes entrantes sostuvieran un alto grado de compromiso que tradujeron en acciones concretas casi de manera casi inmediata. Chávez, Morales y Correa anunciaron referéndums y proyectos legislativos para la convocatoria a Asambleas Constituyente desde el primer día de gobierno y los concretaron favorablemente tan solo meses después. Aún cuando la elaboración del texto constitucional demorase más de un año en promedio, la instalación de sus respectivas Asambleas Constituyentes fue un logro concretado en el muy corto plazo. La excepción ha sido el caso chileno, en que la demanda generalizada de un cambio constitucional fue abanderada por actores políticos cuya agenda programática giraba en torno a una sobre oferta de populismo, nacionalismo y refundación del estado cuyo instrumento natural era una “Nueva Constitución”.

La Guerra Relámpago por la Constituyente.

Venezuela es el ejemplo más claro de lo rápido que puede concretarse la voluntad si el gobierno posee recursos de poder suficientes para hacerla viable. Pasaron menos de 100 días desde la llegada de Chávez al poder, en febrero de 1999, y para abril de ese año ya se estaba realizando el referéndum para la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La Asamblea terminaría el proyecto de constitución en noviembre y en diciembre de ese mismo año se ratificaba la nueva constitución a través de otro referéndum ciudadano. Así, en solo diez meses Venezuela había cambiado radicalmente todo su marco legal y con ello el rumbo del país por las próximas décadas.

Por su parte, el MAS en Bolivia logró también aprobar de manera rápida la convocatoria a una Asamblea Constituyente vía proyecto de ley en solo seis semanas después de que Evo Morales asumiera la presidencia en enero del 2006. Si bien, la elaboración de la constitución como tal demoraría más de lo previsto, ya en diciembre del año siguiente el nuevo texto constitucional se entregaba listo para ser ratificado vía referéndum. La aprobación ciudadana final llegaría con un referéndum ratificatorio en enero de 2009.

Ecuador experimentó una línea temporal similar a la boliviana. En su primer día de gobierno, Correa emitió un decreto que convocaba, a través del Tribunal Supremo Electoral, a una consulta popular con miras a aprobar una Constituyente. Solo tres meses después en abril de 2007, la población ecuatoriana dio su aprobación en las urnas para la creación de una asamblea constituyente con el fin de elaborar una nueva constitución. Un año después, en setiembre del 2008, la negociación sobre texto constitucional había terminado, la nueva constitución fue presentada y ratificada en referéndum en octubre de ese año.

De modo distinto, Manuel Zelaya en Honduras nunca tuvo como propuesta de campaña convocar a una Asamblea Constituyente, pero la propuso a finales de su mandato. La propuesta no gozó de respaldo suficiente de ninguno de los principales actores políticos en ejercicio de poder, quienes le atribuían intereses reeleccionistas. El congreso, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia sostuvieron el carácter ilegal de la convocatoria y el ejército se negó a colaborar. La propuesta finalmente no solo quedaría impedida sino propiciaría el, también ilegal, golpe de Estado de la Corte Suprema y las FFAA contra Zelaya en 2009.

El dilema entre el Poder y el Momento Correcto

De los ejemplos anteriores parece desprenderse una correlación clara: a mayor poder en los momentos iniciales del gobierno mayor es la probabilidad de éxito de una iniciativa Asamblea constituyente. Es evidente que la viabilidad de una propuesta como esa depende de los recursos de poder con los cuente el régimen: la popularidad del presidente, la fuerza de su organización política, sus influencias en los medios de comunicación y redes sociales, la amplitud de su coalición política, etc., y no solo de sus intereses. Además, la experiencia dice que, mientras más tiempo le tome construir esos instrumentos de poder, más difícil le resulta llevar a cabo su Asamblea Constituyente.

En ese sentido, es razonable pensar que un gobierno populista se apure en construir los instrumentos que viabilicen su propuesta de Asamblea Constituyente. Si entendemos que la popularidad es el principal recurso de poder, es de esperarse que la Asamblea Constituyente sea una prioridad de corto plazo para el gobierno de Pedro Castillo, pues lo más común es que la popularidad se deteriore en la medida que pasa el tiempo.

Es probable que, de tener una correlación de fuerzas más favorable, el gobierno de Castillo impulse de manera más agresiva su propuesta de Asamblea Constituyente. Las condiciones actuales no son las mejores frente al actual legislativo, pero recordemos que, en Venezuela, Bolivia y Ecuador, la correlación de fuerzas cambió en favor del poder ejecutivo en perjuicio del legislativo en pocos meses. El gobierno aspira seguir ese camino, pero parece no tener propuestas consensuadas sobre qué hacer para replicar la experiencia de los países que lograron realizar una Asamblea Constituyente, degradar la institucionalidad democrática e instalarse varios lustros en el poder.