Ha pasado más de un mes desde el incendio del edificio Giacoletti en la Plaza San Martín sin que hayamos escuchado pronunciamiento alguno del Alcalde del Cercado que es también el Acalde Metropolitano, ni de la oficina encargada del Centro Histórico de Lima, es decir PROLIMA. Tampoco se ha hecho presente el Ministerio de Cultura, que de momento está acéfalo y en cuyas manos está el informe técnico respecto a qué hacer.
Para los que profesamos como patrimonialistas está bastante claro que, dadas las condiciones visibles del edificio dañado en sus elementos estructurales, este tiene que ser demolido. Es más, tal como está es un peligro público; un movimiento sísmico podría desencadenar su derrumbe total. Luego habría que determinar si se reconstruye. Pero de acuerdo a las normas de la conservación esta está prohibida y solo se justifica en situaciones muy excepcionales y en el caso del edificio Giacoletti, este no tiene la condición de monumento. La plaza San Martín y su entorno tienen la condición de ambiente urbano monumental y eso significa que el edificio que se construya debe ser una obra nueva que guarde armonía con el contexto, en lo que se refiere a las alturas y alineamiento de fachadas, pero no en lo que respecta al lenguaje arquitectónico. Las cartas internacionales de restauración son muy duras en lo que se refiere a la utilización del lenguaje historicista que lleven hacia “falsos históricos”.
Se necesitará, por cierto, para la intervención contar con “dedos de pianista”. El edificio que sustituya al Giacoletti debería ser materia de un concurso de anteproyectos y con un jurado de notables que puedan escoger una propuesta adecuada para uno de los espacios centrales más significativos de la ciudad. Además, sería importante que la opinión de este jurado sea vinculante y que no sea después corregida por temerosos funcionarios públicos del municipio o del Ministerio de Cultura.
Pero hay algo más. El predio es propiedad privada y su intervención dependerá de la voluntad de los propietarios para llevar adelante el proyecto, dado que el Estado no puede intervenir directamente. Podría eso sí convertirse en un facilitador de la acción privada, aunque esa no es una virtud que puedan exhibir los funcionarios municipales y los del Ministerio de Cultura. La escasa inversión en el Centro Histórico en los últimos años confirma esta apreciación.
Tiene el flamante Alcalde de Lima una prueba en la solución que le dé a esta “papa caliente” – en todo el sentido del término- que le deja la actual gestión municipal. Puede ser también una oportunidad para ver cuál será su acción respecto a la política que debe seguir respecto al Centro Histórico de Lima, especialmente en este sector declarado por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
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