Siempre nos van a matar

Pasé el último viernes por La Pampa, el enclave de minería ilegal en Madre de Dios, intervenido con masiva fuerza pública hace semanas. Una tropa castrense trotaba sobre la pista y rugían consignas (“¡No-deser-taré!”) al ritmo de su marcha. Numerosos expendios siguen abiertos; pero el bullicio de los prostibares, las muchachas alineadas, el basural y la invasión de la carretera, que obligaba a desfilar lentamente entre miradas cargadas de sospecha, han disminuido sensiblemente. Igual hay mucha gente. “Siguen trabajando de noche”, me guiña nuestro chofer ¿Tan pronto y ya flaquea la vigilancia?

La Pampa es el vértice más publicitado de una extensa comarca dominada por la fiebre del oro y salpicada de narcotráfico, conectada mediante la carretera Interoceánica Sur y un enredo de ríos navegables y vías carrozables entre el altiplano y la llanura selvática. La frontera boliviana, La Rinconada en Puno, Camanti en la selva alta del Cusco, el río Inambari, el bajo Madre de Dios y sus tributarios; están criminalmente comunicados ¿Cómo permitimos que una porción tan grande de territorio, ciudadanía y patrimonio natural fueran secuestrados por el crimen organizado? Perú país minero, pues, hermano.

La gente acude desde Cusco y Puno y se desperdiga en la selva, talando, excavando, desmoronando, envenenando, abandonando. Convertir la minería aurífera aluvial en la Amazonía en un negocio decente y ambientalmente amigable, más que un espejismo burocrático, es una falacia fraguada para no llamar cáncer al cáncer y salir del paso.

Un minero ilegal y un informal provocan el mismo daño; pero el informal puede trabajar una concesión impuesta sobre una comunidad nativa, devastar la tierra impunemente y vender oro libremente. ¿Qué incentivo tiene para formalizarse? Cada tanto, el Estado les amplía el plazo.

El foco de cualquier intervención gubernamental honesta y sensata no deben ser los mineros, sino la mayoría vulnerada. Los cientos de miles de niños y madres con mercurio en la sangre, los hombres enviciados y lisiados, las empresas honestas arrinconadas, los pueblos indígenas invadidos y contaminados, y las jóvenes violadas no parecen contar para nadie. Invisibilizarles ha sido el peor error y pecado de cada administración derrotada.

En junio pasado, los comuneros de Masenawa y la federación indígena de Madre de Dios consiguieron apoyo policial para expulsar mineros ilegales de su territorio. Días después, Carmen, la presidenta comunal, su hermano Timoteo y dos de sus hijos acudieron, como siempre, al cercano poblado de Boca Colorado. Una turba iracunda les sorprendió en el puerto. Les lanzaron gasolina al cuerpo e incendiaron su bote. Solo saltando al agua se salvaron. Diez meses después, el esposo de Carmen me conmina: “Yo quiero saber para qué sirven tantos proyectos, si la señora que le echó gasolina a mi mujer sigue libre”. También los hombres armados que les roban madera siguen libres. “Siempre nos van a matar, algún día será”, concluye Timoteo, triste como un árbol solitario. Viven en la zozobra, los defensores de nuestros ríos y bosques milenarios. Extirpar de nuestra sociedad todo el extractivismo criminal es un imperativo humanitario.