Los efectos de nuestra débil institucionalidad

Coyunturas como las que actualmente vive el país −altos niveles de corrupción, desconfianza en los poderes del Estado, incertidumbre empresarial− nos obligan a reflexionar sobre nuestras reales posibilidades de desarrollo.

Definiendo conceptos

Por lo general, se reconoce como “institución” a cualquier organismo o grupo social con propósitos comunes. Tal es el caso de un club deportivo, un gremio de exportadores, un sindicato o un ministerio, por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, un concepto más amplio de este término se refiere a la forma en que se relacionan los seres humanos dentro de una sociedad determinada. Por consiguiente, normas y costumbres que determinan la manera de actuar de cada uno de sus integrantes. Esto implica reglas formales amparadas en un marco jurídico y, también, reglas informales, referidas a prácticas comunes derivadas de hábitos aceptados.

De acuerdo con ello, el economista nobel de Economía 1993, Douglass North, define la institucionalidad como “las reglas de juego del funcionamiento de una sociedad, las restricciones concebidas por el hombre que configuran las interacciones entre los seres humanos”.

Competitividad e institucionalidad

En el último Ranking Mundial de Competitividad del World Economic Forum WEF 2018, el Perú aparece en la posición 63 de 140 países. Este ranking analiza cada país en función a doce pilares, uno de los cuales corresponde al de instituciones.

Si nos focalizamos solo en él, nuestro país aparece aún más rezagado: en la posición 90 de 140. Dentro de este pilar se registran varios aspectos críticos: crimen organizado, confianza en los servicios policiales y el poder judicial, horizonte del Gobierno, protección de la propiedad intelectual, etc.

¿Qué hacer al respecto?

En un modelo económico como el adoptado por el Perú desde los años 90, el Estado reconoce que el motor de desarrollo es el sector empresarial privado y este, para crecer, requiere reglas de juego claras respaldadas por la estabilidad económica y jurídica. Ello revela el crítico desafío que implica mejorar en forma sustantiva en materia de institucionalidad.

Al respecto, tres simple propuestas:

1.- Implementar un sistema de compliance en las instituciones del Estado y asignar una mayor puntuación a las empresas proveedoras que cuentea con ello, más aún si logran con una certificación ISO 37001. Ello implica normas de transparencia y rendición de cuentas de funcionarios públicos.

2.- Simplificación de procesos en el Estado con énfasis en digitalización de estos para minimizar espacios para corrupción.

3.- Intensa campaña de concientización sobre valores evidenciando las ventajas para todos de la ética y el respeto a todo nivel.