El fin de las cuotas judiciales

El Tribunal Constitucional, en una apretada votación, emitió un fallo a favor del Poder Ejecutivo, determinando que los permisos otorgados por el Poder Judicial a empresas pesqueras afectaron las atribuciones exclusivas en materia de pesca y acuicultura del Ministerio de la Producción (PRODUCE).

La pesca en el Perú no ha sido ajena a las discrepancias y hasta atentados al balance de poderes del Estado, como ha ocurrido con el Poder Judicial que obligó al Ministerio de la Producción (PRODUCE) a incrementar la flota y permisos de pesca sin revisar si cumplían o no con los requisitos establecidos en la legislación pesquera.

Desde su creación, el Ministerio de la Producción tiene a su cargo el otorgamiento de permisos de pesca. Sin embargo, a inicios de siglo, con la ampliación de la rentabilidad pesquera, el Poder Judicial comenzó a usurpar esas funciones, al entregar permisos para la pesca de anchoveta, luego de que PRODUCE los negara por no cumplir con los criterios técnicos ni requisitos solicitados.

Al comienzo, las autoridades de PRODUCE no hicieron nada. Solo unos años después, a raíz que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) presentó una queja ante el Poder Judicial por medidas similares relacionadas a casinos y tragamonedas, PRODUCE actuó y logró la aprobación de la Ley 29639 (del 24 de diciembre del 2010) que estableció la inclusión de una carta fianza al otorgamiento de medidas cautelares que están relacionadas con productos hidrobiológicos.

Asimismo, el Poder Judicial en el 2012 publicó la Resolución Administrativa No 188-2012-P-PJ que instaba a tomar en cuenta lo establecido en el DL 1084 (que regula el acceso a la pesca de anchoveta para harina y aceite de pescado) relacionado al rol del PRODUCE en las demandas judiciales relacionadas al acceso a esta pesquería.

PRODUCE tiene a su cargo el otorgamiento de permisos de pesca. Sin embargo, con la ampliación de la rentabilidad pesquera, el Poder Judicial comenzó a usurpar esas funciones | Fuente: Andre Baertschi

Según la sentencia del Tribunal Constitucional que figura en el expediente 0005-2016-PCC/TC de julio de 2019, el Poder Judicial cometió los siguientes vicios competenciales en 18 casos:

- Autorización del incremento de flota y otorgamiento de permisos de pesca en procesos judiciales en los que PRODUCE no ha sido parte.

- Incumplimiento de la Ley 29639, "Ley que regula el otorgamiento de medidas cautelares referidas al uso, aprovechamiento, extracción o explotación de recursos naturales hidrobiológicos".

- Extender los efectos de una sentencia estimatoria impugnada luego de que fuera revocada en segundo grado sin que exista debida motivación.

- Expedición de permisos de pesca y otras modalidades de autorizaciones, permisos o derechos pesqueros a través de procesos judiciales sin previo procedimiento administrativo.

 

La sentencia del TC a favor de PRODUCE es de suma importancia pues señala que es la autoridad que tiene a su cargo el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos de pesca a nivel nacional, así como la determinación de cuotas de captura permisible, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo 25977, Ley General de Pesca y el Decreto Legislativo 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.  

Asimismo, advierte que la Ley General de Pesca dispone que las concesiones, autorizaciones, permisos y licencias son otorgados a nivel nacional por PRODUCE, sin perjuicio de las competencias de los gobiernos regionales.

Otra consecuencia de esta sentencia del TC es que PRODUCE se quedará con una cuota sobrante anual de aproximadamente 50 mil toneladas de anchoveta de consumo humano indirecto para la industria. ¿Pero a quién entregar esta cuota? Una opción, es que se distribuya entre los participantes del DL 1084. Otra es que se asigne a la flota que captura anchoveta para el consumo humano directo. Actualmente, la cuota anual para esta flota es de 150 mil toneladas e involucra a alrededor de 300 embarcaciones registradas en un año.

Interpretando la importancia del trabajo del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el TC también notifica a esta institución que periódicamente publique las investigaciones, sus resultados y la metodología utilizada, lo que le abre una oportunidad para fortalecer los mecanismos de transparencia del sector público pesquero.

Finalmente, se debe felicitar la decisión del Tribunal Constitucional, pues deja en claro que todo lo relacionado a la regulación en la actividad pesquera corresponde a PRODUCE, con mecanismos específicos para apelar, pero no para suplantarlo. Algo tan obvio, pero que fue transgredido debido al gran interés de ingresar a un negocio muy rentable como es la pesca de anchoveta para harina y aceite de pescado.

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