Nuevo Gabinete, ¿pero cuál es su rumbo?

Una gran interrogante que el presidente debería responder a más tardar este 28 de julio es qué país va a dejar en el 2021. Esos compromisos deben ser el norte de los próximos meses del Poder Ejecutivo

Marcel Ramírez

Marcel Ramírez

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Hace unos días se ha refrescado el gabinete ministerial con cambios en algunos ministerios y con un nuevo Premier, Salvador del Solar, quien fue anteriormente Ministro de Cultura. Más allá de un nuevo gabinete y de un nuevo premier lo fundamental es definir claramente cuál es el rumbo y, por tanto, las prioridades de gobierno de aquí a 2021.

Priorizar la lucha contra la corrupción y la reforma política son esfuerzos transversales permanentes a los que ya bastante espacio mediático y anecdótico se les ha dedicado en el último año, al igual que el cierre de la importante brecha de agua y saneamiento. Sin embargo, lo que se extraña es un Ejecutivo que posicione fuertemente la necesidad de reformas estructurales en lo económico y social. Por ejemplo, hace más de un mes el Ministerio de Economía y Finanzas lanzó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) y ahora requerimos su diseño e implementación paulatina. No es difícil deducir que este será un esfuerzo que encarrilará a casi todo el Poder Ejecutivo detrás de mejorar la competitividad y la productividad del país. En ese sentido, este plan - perfecto o no - debería convertirse en el cimiento fundamental de los restantes meses del presente Gobierno. Perfectible como cualquier otro plan, que al inicio ya va generando algunos anticuerpos especialmente en quien ve a las políticas públicas con un afán rentista y de mantener privilegios.

Salvador del Solar es el Presidente del Consejo de Ministros | Fuente: Andina

Aquí el Gobierno debe asumir la responsabilidad de no comunicar suficientemente bien sus objetivos y metas, y de justificarlas como corresponde ante los diferentes grupos de la sociedad civil y sector privado. El nuevo Premier debe introducir en la discusión los temas de reforma institucional que aseguren la mejora de la competitividad y la productividad del país. Recordemos que el Perú va más allá de 2021 y los peruanos de hoy y de las siguientes generaciones requieren de reformas maduras para lograr un crecimiento del bienestar sostenido. El combate contra la informalidad, la reducción del incumplimiento tributario, son objetivos que de inmediato se tienen que plasmar en acciones concretas, fijando metas realistas pero retadoras no solo para el sector público, sino también para los ciudadanos.

Una gran interrogante que el presidente debería responder a más tardar este 28 de julio es ¿qué país va a dejar en julio del 2021? Esos compromisos deben ser el norte de los próximos meses del Poder Ejecutivo y debe comprometerse a rendir cuentas semestralmente al menos de cada uno de los hitos más importantes de esa hoja de ruta.

El Ejecutivo debe dejar atrás la discusión de temas anecdóticos para pasar a plantear una agenda de desarrollo de inmediato basada en reformas institucionales que deben ser discutidas con todos los grupos, tanto ganadores como perdedores, y demostrando su capacidad de convencimiento y co-creación de un sentido de urgencia. No debe repetirse la experiencia de la “Reconstrucción con Cambios” que quedó en un simpático nombre sin ningún soporte serio.

El presidente debe saber que lo que ofrece ahora debe cumplirlo a julio del 2021 por el bien de las próximas generaciones. La gran Reforma del Estado que el Perú necesita implica la optimización de procesos clave como los de contrataciones, gestión de la inversión pública, planificación estratégica y, especialmente, diseño e implementación de políticas públicas efectivas y eficientes.

Ahora más que nunca el Estado y el sector privado deben darse cuenta de que una nueva cooperación público-privada es lo que se necesita para cumplir los objetivos a 2021 e incorporar ahí - de pleno - a la sociedad civil activamente participativa. Su éxito dependerá de cuánto el Ejecutivo y el Legislativo conduzcan su accionar mirando a los ciudadanos y estén plenamente comprometidos en resolver sus álgidos problemas. El Bicentenario debe encontrar a un Estado y ciudadanos comprometidos efectivamente con su propio bienestar y el bienestar colectivo; así será viable combatir la informalidad y la evasión tributaria que erosionan, no solo la base tributaria, sino también a la percepción de ciudadanía.

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