El presidente de la hermana nación chilena, Sebastián Piñera, ha declarado a los medios que están en “guerra contra un enemigo poderoso” y que los discrepantes “representan la maldad” en cuanto usan la violencia y delincuencia “con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que desean vivir en democracia”. Estas palabras del mandatario se expresan en un contexto de Estado de emergencia.
Los problemas se desataron a raíz de un alza de pasajes, que afecta especialmente a estudiantes. Las protestas rápidamente se tornaron en violencia y actos de vandalismo que sorprenden por la brutalidad que se refleja en una sociedad con instituciones sólidas y una economía versátil en la región.
Algunos refieren que las palabras del presidente Piñera son impropias y que no buscan comprender el propósito original de las protestas y de los multitudinarios cacerolazos. El presidente ha focalizado sus declaraciones en los reprochables actos de saqueos, agresiones y una serie de sucesos violentos que han supuesto hasta el momento de redacción de esta columna ocho muertes, dentro de las cuales contamos a un compatriota.
Debemos interpretar los sucesos con suma cautela, debido a que la naturaleza del conflicto no puede satisfacerse con una simpleza como la de referir que unos son buenos y otros malos. La situación que vive Chile hoy supone un escenario que de algún modo se repite arquetípicamente a lo largo de Latinoamérica.
Consideremos, en primer lugar, que la violencia es injustificable y los actos de caos, terror y desorden social no pueden ser justificados, aun cuando defendamos el principio de desobediencia a un gobierno usurpador, o la libertad de expresión y protesta. Los niveles de fuerza bruta, sea de militares, protestantes u otros, nos coloca en un horizonte en que se pierde el valor de lo humano y de los ideales políticos que promueven el respeto integral de la dignidad de los ciudadanos
Tengamos en cuenta que, aunque el cambio de 600 a 800 pesos chilenos no pareciera mucho, el problema de fondo radica en la proporcionalidad en relación al sueldo mínimo, y, precisamente, por ello estudiantes y jóvenes se ven particularmente perjudicados. De ello podemos obtener que su reclamo, en esencia, es justo. Pero teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, eso no justifica la expansión del terror.
A pesar de que el alza fue retirada y se dio marcha atrás, las protestas no cedieron, e incluso se intensificaron. Parece ser, que el descontento acumulado de una sociedad ha tenido en el alza de los pasajes una excusa para manifestar su protesta, acumulada hace décadas, contra la desigualdad.
Una noticia ha llamado la atención y es que El Mostrador de Chile reporta que un encapuchado que lanzaba piedras en Valparaíso, no sería otro que un carabinero infiltrado. A ello se le suma una noticia que reporta El Ciudadano de Chile en donde se publica un video que confirmaría que el incendio a un supermercado en San Antonio habría sido iniciado por carabineros.
¿Se puede justificar que un presidente refiera que esta “guerra” es una protesta organizada por “una organización criminal”? Si las noticias que se reportan desde Valparaíso y San Antonio son verdaderas, entonces, parece ser que Piñera tiene razón, pero en un sentido inusitado.
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