Inocencia jurídica y opinión pública en el caso Alan García Pérez

El exmandatario Alan García Pérez decidió quitarse la vida. Entre los pensamientos que guardó para sí, se encuentran probablemente las razones de su acto, reflexiones durante el proceso judicial que tenía en su contra y, como ocurre en casos de esta naturaleza y envergadura, la opinión pública encuentra en ese vacío la vía libre para intentar completar el cuadro de las acciones.

Para unos, los más cercanos a la figura pública principal de esta historia, las acciones del juez Henry Amenábar, quien cumpliera su deber en casa de Alan García al promediar las 6:30 de la mañana del 17 de abril, instigaron el suicidio. Sin embargo, según el comunicado del equipo especial de fiscales, se cumplieron todos los protocolos. Queda a los más íntimos del expresidente de la República imaginar los motivos no comunicados al público en general para reconstruir la historia como mejor les ayude a regresar a su vida privada. Son ellos los que mejor conocen sus ideas, sus convicciones y, como hombre, sus debilidades.

Para otros, las acciones de Alan García o son sinónimo de cobardía y una declaratoria moral de su culpabilidad jurídica, o son sinónimo de heroísmo que hay que honrar e imitar. La evaluación pública de los actos del expresidente olvida, por un lado, que este no era un condenado y, a efectos jurídicos, presuntamente inocente de todo cuanto se le ha acusado con razones fundadas, pero no juzgadas. Por otro lado, se olvida que la honra es producto de acciones que juzgadas públicamente pueden generar buena opinión y fama o, por el contrario, críticas y desprecio. Nadie puede arrogarse conocer las verdaderas intenciones de su voluntad. Se trata de una cuestión de respeto para quien en su esfera privada decidió quitarse la vida. En todo caso, en la esfera pública, sabemos que la historia lo juzgará.

Distinguir las cuestiones judiciales de la ética personal permite afirmar que Alan García Pérez, expresidente del Perú, fallecido por propia mano el miércoles 17 de abril, abandonó este mundo siendo jurídicamente inocente. Lo mismo permitía por protocolo brindarle las honras fúnebres que le corresponden por haber sido envestido hasta en dos oportunidades con el cargo más alto de nuestra República, tal como ha hecho la Presidencia del Consejo de Ministros. La familia, con todo derecho, optó por no aceptar tales honras. La misma distinción entre lo legal y lo ético, no obstante, lo mencionado, permite afirmar que las acciones de la justicia no tuvieron influencia directa en la decisión del exmandatario. Las acciones legales llevadas en su contra fueron parte de las circunstancias que en su fuero interno el mencionado personaje debe haber sopesado. Como hombres de experiencia y de ciencia, tanto él como su abogado conocían que una detención preliminar no convierte a nadie en culpable.

La valoración ciudadana que queda por hacer sobre este acontecimiento puede aprovecharse para pensar los propios actos y cursos de acción, de haber estado en las circunstancias en que estuvo Alan García. Si consideramos que, desde la ética personal, las acciones del exmandatario no fueron las mejores, entonces, es también un llamado a evitar que las circunstancias que envolvieron el caso, en lo que nos respecta como ciudadanos electores, no vuelvan a ocurrir.

Alan García, que en paz descanse.