¿Y si ser quien eres implicara que dejaras de tener derechos?

Esta columna busca brindarles algunas herramientas de reflexión. Es cierto que no todos en el Perú valemos lo mismo, pero qué tan profundo pagamos (algunos de nosotros) ese costo

Hace varios días, preparando un informe sobre los derechos de la población LGBTI en el Perú, estoy estudiando mucho más a profundidad sobre el tema. Siempre intentando controlar mi desesperanza, estoy convencida de que un Perú donde todos y todas seamos realmente iguales es posible.

Luego de un día sumergida en reportes, documentos, y testimonios me viene a la mente un ejercicio que hago con mis alumnos en clase, y que eventualmente buscamos hacer divertido, pero además personal: Juan y Juana. Juan y Juana son una pareja, o son hermanos. La relación entre ellos importa poco. Sus nombres tampoco importan mucho. La gran conclusión del ejercicio es que ambos tienen (o deberían tener) los mismos derechos. Ambas son personas, finalmente. Esa parte siempre queda clara. Algunas cosas nos conflictúan, sin embargo: ¿Cómo es que aún cuando Juana tiene los mismos derechos que Juan, es la sociedad y su entorno más cercano la que le impide ejercitarlos? o ¿Por qué la elección romántica de Juan o Juana, sus identidades sexuales y/o expresiones de género, pueden potencialmente limitar sus derechos?  En otras palabras, ¿por qué la pertenencia de Juan o Juana a la comunidad LGTBI, debería resultar en la vulneración inmediata de sus derechos mas básicos? Su derecho a formar una familia, por ejemplo, o a acceder a servicios de salud o educación, sin discriminación. Peor aún, ¿cómo se justifica que por ser quienes son haya derechos que el ordenamiento peruano no les reconoce? (lo que en la práctica implica también que no tienen mecanismos legales para exigirlos).

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Esta idea romántica de que todos y todas somos iguales es una gran falacia para muchos y muchas peruanas, además de una idea que debo haber repetido en casi todas las columnas anteriores. En este sentido, las palabras de nuestra Ministra de Economía son tan ciertas como concluyentes: “en este país las personas todavía no valemos lo mismo.” Esto ha implicado la marginalización, exclusión y vulneración de grupos, comunidades, y poblaciones enteras, dentro del territorio de la república. En efecto, según el Informe Temático LGTB 2018 del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), “el Perú es uno de últimos países en lograr marcos normativos de protección para las personas LGBT” a pesar de las reiteradas recomendaciones de los organismos internacionales, los tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado peruano, y la propia interpretación de nuestro Tribunal Constitucional sobre la materia de igualdad de derechos (Ver: Sentencias Exp 00926-2007-PA/TC, 02974-2010-PA/TC, 02317-2010-AA/TC, 05157-2014-PA/TC, o 06040-2015-PA/TC).

Quiero pensar que nuestros próximos representantes, o aquellos que nos representen en un futuro cercano, van a pensar en nosotros, las y los peruanos, en términos de sujetos de derechos; o como Juan y Juana. Como personas que, en atención a la misma Constitución de la República, tenemos los mismos derechos, independientemente de nuestra identidad o expresión de género u orientación sexual, independiente de nuestra identidad étnico-racial o nuestra capacidad física o motora. Quiero pensar también que todos nosotros y nosotras estaremos pendientes de que así sea, entendiendo que lo que afecta a alguien directamente, nos afecta a todos y todas indirectamente. Finalmente, ¡todos estamos en la cancha!

NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, representantes o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.

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