Desde el pasado 22 de diciembre el gobierno federal estadounidense experimenta un cierre parcial o “shutdown”. ¿Qué quiere decir esto? Habría que comenzar aclarando que no es la primera vez que esto ocurre. Desde 1976 se han registrado 21 cierres parciales, siendo el más largo de todos el de diciembre de 1995, que duró 21 días.
La mayor parte del gobierno estadounidense tiene fondos porque funciona con el presupuesto anual que comenzó en octubre del año pasado. Sin embargo, hay una serie de agencias y oficinas gubernamentales, especialmente de carácter policíaco y de seguridad pública, que operan con las llamadas “temporary extensions” (extensiones temporales) y, por ende dependen de fondos que expiraron el 21 de diciembre pasado. Recursos que no fueron aprobados por el Congreso, dado el rechazo de la Cámara de Representantes, dominada por los Demócratas, a autorizar el dinero solicitado por el Presidente Trump para la construcción de un muro en la frontera con México. Trump no ha cedido en su reclamo y ha amenazado con vetar cualquier presupuesto que no incluya fondos para la construcción del muro. Además, ha contado con el apoyo del Senado, dominado por los Republicanos, que ha rechazado los intentos de la Cámara para acabar con el cierre.
El cierre afecta a unos 800,000 empleados federales. Una parte de éstos se han mantenido trabajando por desempeñar funciones consideradas como esenciales. Otros, simplemente se encuentran de “licencia”. Ninguno de ellos cobra su salario mientras dure el cierre.
¿Qué oficinas y agencias del gobierno federal se han visto afectadas por el shutdown? Como ya señalé, el cierre afecta, principalmente a agencias policiales y de seguridad pública como la DEA, el FBI, el Homeland Security y el Bureau of Alcohol Tobacco, Firearms and Explosives. Resulta interesante que entre los principales afectados se encuentren empleados de agencias dedicadas a cuidar las fronteras estadounidenses y la seguridad pública que Trump alega quiere garantizar con la construcción de un muro. Unos 42,000 miembros de Guardia Costera y 54,000 empleados de la Patrulla Fronteriza son víctimas del cierre federal. A éstos habría que añadir 53,000 trabajadores de la agencia que vela por la seguridad en los aeropuertos (TSA).
Está por verse cómo se resolverá esta situación, ya que ninguna de las partes parece estar dispuesta a ceder. Mientras tanto, 800,000 trabajadores federales seguirán atrapados en las redes de la crisis del bipartidismo estadounidense en la era Trump.
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