La crisis migratoria de Venezuela nos reclama respuestas

La desgraciada situación de Venezuela no tiene visos de alcanzar una solución en el futuro cercano. Se trata en realidad de un escenario con diversas aristas: de un lado, la propia crisis política interna de ese país; del otro, la masiva emigración que ha generado hacia países vecinos, como Colombia y Perú. La primera es la causa de la segunda, pero la diáspora venezolana ha adquirido tal magnitud que demanda ser abordada como una crisis humanitaria internacional, sin condicionarla a la solución de la crisis política interna del país de origen.

Hace un año, bajo lo que aparentaba ser un sólido liderazgo de los Estados Unidos, parecía inminente la caída del régimen autoritario de Nicolás Maduro y la entronización de Juan Guaidó como Presidente transitorio de Venezuela. Doce meses después, el panorama es mucho menos esperanzador, y es evidente la notoria regresión del proyecto de restauración democrática. El supuesto liderazgo estadounidense para forjar una solución a la crisis venezolana acabó probándose como un fiasco. El intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019, aparentemente concertado con apoyo oficial estadounidense, se desinfló aun antes de haberse desplegado. Ese hecho, y una suma de circunstancias concurrentes y posteriores, han fortalecido el dominio del régimen de Nicolás Maduro; y han reducido a una mera ficción, tan bienintencionada como quimérica, al supuesto régimen opositor de Juan Guaidó. Paradójicamente, uno de los factores de apuntalamiento del régimen de Maduro es el masivo flujo de divisas generado por las remesas de los emigrados, pues esos recursos posibilitan la dolarización de la economía venezolana y atenúan los padecimientos de las familias receptoras.

Si bien es cierto que el régimen de Maduro sigue suspendido en la precariedad, ahora tiene mayor fortaleza que hace un año; y las perspectivas de un cambio democratizador son cada vez menos evidentes. El panorama es políticamente desolador y, desde una perspectiva humanitaria, es de continuada erosión en las condiciones de vida de los millones de venezolanos que han decidido permanecer en su país.

Para la comunidad internacional, se plantea ahora la necesidad de abordar el drama de Venezuela con dolido realismo: nada augura en el corto plazo una caída del régimen de Maduro y el inicio de una transición hacia la democracia. Los esfuerzos de coordinación política internacional y de asistencia técnica a las fuerzas opositoras dentro de Venezuela han sido infructuosos, y en algunos casos hasta contraproducentes. Al fin de cuentas, como la experiencia comparada lo ha demostrado una y otra vez, los procesos de restauración democrática tienen que basarse fundamentalmente en la acción concertada de actores políticos internos, siendo accesorio lo que el resto de la comunidad internacional puede hacer para catalizarlos. Y, en el caso de Venezuela, la oposición se ha debilitado, y ha sido sumida en la depresión y en la irrelevancia.

En política internacional, nada está grabado en piedra ni es inmutable. Tal vez la pronunciada caída en los precios del petróleo en el mercado global rompa el equilibrio de parálisis que hoy signa a la crisis venezolana; pero es difícil hacer predicciones o procurar optimismo.

Aún más, al lado de esa dimensión política de la crisis venezolana, está la cuestión humanitaria, hasta ahora gravemente soslayada por la comunidad internacional, acaso en la creencia que esa otrora próspera nación pronto restauraría su régimen democrático. Como parte del realismo que las circunstancias demandan, es necesario abordar esa crisis humanitaria con una perspectiva estratégica y multidimensional, orientada a generar condiciones de desarrollo y a reivindicar la dignidad personal de los millones de migrantes venezolanos hoy condenados a la precariedad y a riesgos de explotación en los países que los acogen.

Hay que empezar por reconocerlo: independientemente del curso que siga la crisis política venezolana, los emigrados de ese país hacia Colombia y Perú, y en menos medida hacia otros países de la región, constituyen ya un fenómeno con vocación de permanencia. La inmensa mayoría de esos emigrados venezolanos (alrededor de dos millones dentro de Colombia; 860 mil dentro de Perú, con proyecciones de alcanzar dos millones a fines de 2020) ya no retornarán a su país, aunque las condiciones políticas y sociales cambiaran radicalmente allí. Este solo reconocimiento obliga a abandonar el enfoque meramente administrativo-migratorio y policial predominante en el Perú, y replicado con variable intensidad en otros países receptores, para sustituirlo por una política pública de inserción inclusiva y productiva, que potencie el capital humano de los emigrados y que afirme su dignidad personal. Los emigrados venezolanos deben dejar de representar una carga fiscal y social, y un riesgo de seguridad pública, para convertirse en catalizadores de emprendimientos empresariales que posibiliten su inserción inclusiva y productiva, convirtiéndolos en agentes de desarrollo en los países de acogida.

Este nuevo enfoque de política pública conlleva la necesidad de masivas inversiones para financiar emprendimientos empresariales, generación de capacidades, asistencia legal, compensación de costos por los servicios públicos que reciben, y apoyo para el asentamiento sostenible de los migrantes y para el progreso de las comunidades de acogida. Esas inversiones, que requerirían cientos de millones de dólares, debieran resultar de la concertación de la comunidad internacional en torno a un programa regional de asistencia a los migrantes venezolanos, recogiendo las buenas prácticas acrisoladas cuando un programa algo similar (CIREFCA) fue ejecutado en Centroamérica a fines de los años ochenta e inicios de los noventa.

¿Cómo financiar un programa de tanta magnitud? La respuesta radica en un enfoque innovador, que reconoce que la crisis migratoria venezolana es el producto de la situación política interna de ese país, y que Venezuela adecuadamente gobernado es un país de vastos recursos. La comunidad internacional podría acordar que los fondos requeridos para ejecutar tal programa regional de asistencia a los migrantes venezolanos sean provistos como créditos por organismos financieros internacionales (Banco Mundial, BID, CAF), y que la deuda sea imputada el Estado de Venezuela para que este la salde cuando haya superado su crisis. El reconocimiento de tal deuda podría ser negociado con el régimen de Maduro; o alternativamente con Juan Guaidó, quien es aceptado como Presidente transitorio de Venezuela por más de cincuenta países.

Si bien no podemos resolver la crisis política interna de Venezuela, tenemos ante nosotros la tarea impostergable de dar cara a la inmensa y desgarradora crisis humanitaria generada por los millones de emigrados venezolanos. La pasividad de las autoridades gubernamentales en los países de acogida y del resto de la comunidad internacional no es ya sostenible, y la amenaza de despertar reacciones xenófobas es demasiado evidente. No podemos seguir actuando indolentemente ante ese drama que ya ha cruzado el umbral de nuestras puertas.