Repensar la Seguridad y la Defensa nacionales

El Perú requiere introducir sustanciales reformas en la conceptualización, operación y organización de sus políticas e instituciones de seguridad y defensas nacionales, para adecuarlas a las complejas realidades contemporáneas.

La falta de transparencia y de escrutinio ciudadano sobre las políticas y operaciones de la seguridad y la defensa nacionales es evidencia de la debilidad institucional de la democracia peruana. El secretismo con el que tradicionalmente ellas se recubren resulta disfuncional, promueve la sacralización de enfoques ideológicos antidemocráticos, así como la ineficacia e ineficiencia en el desenvolvimiento de las instituciones castrenses, e incentiva su corrupción. Tal situación encuentra refuerzo en la falta de especialización sobre esas materias por parte de las comisiones respectivas del Congreso, de la Contraloría General de la República, y de las instancias académicas civiles, entre otras.

En un aislado e insuficiente intento por dotar de legitimidad democrática a las políticas y operaciones de la seguridad y la defensa nacionales, en 2006 se publicó el Libro Blanco de la Defensa Nacional, sin que -reveladoramente- se haya concretado aún esfuerzo alguno por actualizar su contenido. Resultó loable su publicación no obstante las deficiencias de su contenido. Huelga formular una crítica detallada sobre el mismo, pues el paso del tiempo hace evidente la obsolescencia de muchos de los conceptos allí expresados. El reciente anuncio por parte del director del Centro de Altos Estudios Nacionales sobre el proyecto de actualización del Libro Blanco, torna indispensable reclamar se convoque para tal proceso a representantes de variados sectores sociales.

Muchas son las razones que justifican la necesidad de un activo involucramiento civil en la definición y supervisión de las políticas y operaciones de la seguridad y la defensa nacionales, así como en la iniciativa de producir una versión actualizada y mejorada del Libro Blanco de la Defensa Nacional. Desde la perspectiva de la ética de la convivencia democrática, es injustificable la existencia de huecos negros en la institucionalidad estatal, donde están ausentes la transparencia, la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre la eficacia y eficiencia de entidades públicas. El secretismo basado en gaseosas nociones de seguridad nacional es falaz y encubridor; además, no se condice con las realidades contemporáneas en las que mucha de la información tradicionalmente clasificada ahora se encuentra fácilmente disponible en el internet o en sistemas de información especializados.

De otro lado, como la experiencia latinoamericana durante muchas décadas lo ha evidenciado, el desenvolvimiento autónomo de las esferas militares y policiales facilita la propagación en su interior de concepciones ideológicas antidemocráticas. No menos importante, la perspectiva civil en los asuntos de la seguridad y la defensa nacionales puede contribuir de modo sustancial a la mejora de la eficacia, la eficiencia y el profesionalismo de las respectivas instituciones y de su personal, que de lo contrario quedan abandonados ante la toxicidad del pensamiento único y circular (groupthinking).

"La reformulación de las políticas de la seguridad y la defensa nacionales debe comprender una rigurosa apreciación prospectiva sobre los vectores externos e internos". | Fuente: Freeimages

Adicionalmente, las radicales mutaciones que son rasgo general de nuestra época vienen impactando también de modo sustancial a las esferas de la seguridad y la defensa nacionales, a través de la sinergia de múltiples variables: los riesgos y las tecnologías tradicionales vienen quedando aceleradamente relegados por el surgimiento de sustitutos. La inmensidad, variedad, complejidad y rapidez de los cambios exponen a nuestras instituciones militares y policiales a una evidente desincronización entre de las políticas, las operaciones y los recursos de la seguridad y la defensa nacionales. Eso queda evidenciado cuando las contrastamos con lo que son los principales factores de riesgos y de amenazas que el Perú enfrenta, que ya no son los tradicionales -y por momentos imaginados- vectores externos y territoriales, sino que son los generados por las variadas expresiones de economías criminales que depredan los recursos naturales de la nación, que erosionan la gobernabilidad, siembran corrupción, y son protagonistas de la colonización armada de vastas porciones del territorio nacional; a lo que se suman vectores inmateriales como los relacionados con la ciberseguridad, las pandemias y desastres naturales.

El carácter de esos cambios obliga a una urgente y profunda reforma de nuestras fuerzas armadas y a un replanteo de las políticas de la seguridad y la defensa nacionales, en cuya formulación e implementación operativa se requerirá el concurso no-subordinado del empresariado y de la sociedad civil. Los riesgos de ciberseguridad, de pandemias o de desastres naturales, por mencionar algunos ejemplos, tienen una naturaleza que desborda largamente la tradicional esfera militar, lo cual requiere ser reconocido tanto a nivel conceptual como de protagonismo.

La reformulación de las políticas de la seguridad y la defensa nacionales debe comprender una rigurosa apreciación prospectiva sobre los vectores externos e internos para identificar las principales fortalezas, oportunidades, desafíos, riesgos y las amenazas de nuestra nación, que requieren ser traducidos en un conjunto de objetivos, metas, acciones claves, indicadores de gestión y recursos requeridos. El resultado de este proceso permitirá que las instituciones castrenses puedan rendir cuentas de forma sistemática sobre la eficacia y eficiencia de su desenvolvimiento, ante el Congreso, la Contraloría y la ciudadanía, dando así evidencia del valor público que generan.

Como complemento de ese proceso de planeamiento estratégico, se requiere fomentar la especialización de civiles sobre gestión de las políticas de seguridad y defensa nacionales, y la realización de acciones de difusión sobre el tema entre la ciudadanía. Igualmente, se requiere mejorar sustancialmente la calidad de la formación impartida en los centros académicos militares, para promover mayores niveles de profesionalismo, de acercamiento hacia la civilidad, y de erradicación de ideologismos extremistas en algunos de ellos.

Dentro de esa perspectiva, se requiere realizar una reforma radical de los distintos servicios de inteligencia estatales, para mejorar la calidad de su desempeño, la coordinación estrecha entre todos ellos en torno a visiones estratégicas y tácticas compartidas, su sometimiento efectivo a la autoridad civil, y la erradicación de brotes de corrupción en su interior facilitados por la excesiva autonomía con la cual actualmente operan.

Las fuerzas armadas están llamadas a ocupar un sitial fundamental en la vida nacional como gestores de seguridad y de desarrollo. Militares y civiles debemos aunar esfuerzos para asegurar que ellas generen gran valor público dentro de sus ámbitos constitucionales y funcionales de especialización.

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