La Iglesia contra el Estado

Cuando se debaten leyes como la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo se trae a colación el hecho de que el Estado es laico y que debe mantenerse separado de la Iglesia o de las iglesias. A favor de este razonamiento hay que recordar que ciertos dogmatismos obstaculizan iniciativas legislativas y entorpecen el funcionamiento laico de las democracias. Pero esto se debe a que toda religión es pública.

El carácter público inherente a la religión la convierte en un problema ya que se encuentra en un espacio que comparte con la política. Esto nos lleva a formular una afirmación con valor axiomático: mientras que la Iglesia y el Estado pueden separarse ya que se trata de instituciones; la religión y la política están inexorablemente destinadas a compartir el mismo escenario. Por lo tanto, no conviene confundir Iglesia y religión.

Muchos de los conflictos actuales en el mundo tienen que ver directamente con una tensión no resuelta entre dimensiones que no han sabido ayudarse mutuamente. Sueño con que la política (la acción de conquistar) esté al servicio de los demás, y que la religión (el deseo de relacionarse) se inspire en el poder del servicio. Mucho ganarían ambas, si aprendieran la una de la otra y que de este modo los políticos dejaran de obtener beneficio del poder y que quienes ejercen la autoridad en la religión dejaran de aspirar a tener poder e influencia.

Como sabemos, en el mundo occidental cristiano, el destino compartido de la Iglesia y el Estado se consagró en el momento en que Constantino hizo del cristianismo una religión de Estado. Este hecho hizo de Europa un continente cristiano hasta el punto en que sus actuales estructuras sociales, políticas y humanas están transidas por el cristianismo. Pero no olvidemos que desde ese momento la Iglesia también se aburguesó y se hizo de un espacio de confort.

En el caso de nuestro país, la Constitución Política del Perú, a la luz del concordato firmado entre la República del Perú y la Santa Sede en 1980, sostiene que en “un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas” (Constitución Política del Perú, 1993, art. 50).

Ahora bien, separar instituciones no es un error en sí mismo; al contrario, puede fortalecerlas. Por ejemplo, en la medida en que la Iglesia solo dependa de ella misma podrá hacerse visible de qué dinamismo y profetismo es capaz. Puede ser que esto la hiciera más vulnerable, pero recuperaría, por cierto, algo del espíritu subversivo de Dios, algo de la capacidad de interpelar que hoy se ha debilitado por su espíritu burgués.