La emergencia del “Consenso por el Perú”

La historia relativamente reciente en América Latina con respecto a la importancia de la cultura por la estabilidad macroeconómica y el surgimiento del nuevo paradigma del desarrollo económico y social se remonta hacia mediados de la década de los 80 del siglo pasado. Fue John Williamson quien, en 1990, sistematizó las diez recomendaciones de política económica para resolver los dramáticos desajustes en las economías latinoamericanas, las mismas que luego fueron conocidas con el epíteto del Consenso de Washington o también como “reformas de primera generación”.

Cabe indicar que estas recomendaciones fueron implementadas en el Perú en la primera mitad de la década de los 90 del siglo pasado, hace algo más de 30 años. Contextualizando, algunas de ellas ya se habían aplicado en Chile, en la segunda mitad de los años 70.

Diez años después (2000), el mismo John Williamson redefinió sus planteamientos iniciales, enfatizando ahora en la importancia tanto de la dimensión institucional como del incremento sostenido del PIB per cápita (productividad laboral) y de una manera transversal a toda la sociedad (equidad). Es lo que se ha denominado como el Post Consenso de Washington o “reformas de segunda generación”.

¿Por qué en algo más de 30 años las propuestas del Consenso de Washington perdieron credibilidad académica y política en América Latina? Entre otros argumentos se mencionó que los mercados, por sí mismos, no producen resultados eficientes cuando la información es imperfecta y los mercados están incompletos. En resumidas cuentas, se inició una nueva y sofisticada discusión entre la tensión académica que producen los conceptos de “fallas del mercado” y “fallas del Estado”, así como sobre las reformas necesarias en la gobernanza global.

A mediados de la década pasada, se empezó a estructurar un nuevo paradigma sobre la política industrial para América Latina (ahora, bajo la denominación “políticas de desarrollo productivo-PDP”). En el Perú, hace buen tiempo que se discute la viabilidad de la aplicación de las PDP, y de alguna manera se han implementado ciertos programas en esta línea, a través de algunos ministerios y agencias (Produce y Mincetur, por ejemplo).

Si toda crisis es una oportunidad, opino que éste es el preciso momento en que los gremios empresariales, la academia y la sociedad civil relevante deben converger en una suerte de “Consenso por el Perú”: planteamientos estratégicos en diversos ámbitos que deban centrar y elevar la discusión sobre nuestro porvenir.