No más informalidad en las escuelas privadas

La educación es un derecho y es un bien público, aunque lo oferten los privados. Eso quiere decir que es de interés de toda la sociedad que las niñas, niños y jóvenes se eduquen bien y el estado tiene la obligación de garantizar que se brinde de acuerdo a las normas y políticas que el sector educación establece. Lo cierto es que muchas escuelas y colegios privados han convertido la educación en solamente un negocio, nada más que una mercancía que madres y padres buscan desesperadamente como alternativa a la oferta pública, a la que perciben deficiente, caótica y hasta peligrosa para sus hijas e hijos.

Revisando cifras del censo educativo 2017, encontramos que la oferta privada en la educación básica (inicial, primaria y secundaria) atiende aproximadamente a la tercera parte de la población escolar: casi 2.5 millones de niñas, niños y jóvenes en 24,558 instituciones con 150,762 docentes. Si bien hay servicios educativos privados que se han convertido en referentes para la educación peruana por la innovación de sus modelos pedagógicos, por el excelente nivel de formación de sus docentes y el compromiso con la comunidad, hay otros realmente deplorables que han venido funcionando amparados en la Ley de Centros Educativos Privados al margen de la supervisión.

El Decreto de Urgencia No. 002-2020 de enero pasado, modifica dicha ley e intenta poner fin a la informalidad, regulando aspectos de gestión con fuertes implicancias en la calidad de la enseñanza. A mi juicio son cuatro los cambios más significativos (que han podido ser exigidos desde hace mucho tiempo): 1) Los promotores y directores no deberán tener antecedentes penales ni judiciales ni estar implicados en delitos mayores; 2) Los docentes deberán contar con título pedagógico o profesional. Respecto a esto último, hay instituciones educativas que emplean jóvenes docentes egresados de institutos pedagógicos que dan sus pininos por menos del sueldo mínimo, en otros casos la docencia se encarga a los familiares del director o promotor sin contar con las calificaciones para llevar adelante los procesos educativos de los estudiantes; 3) Deberán contar con la licencia de funcionamiento otorgada por el sector educación; 4) Están obligadas a entregar a los usuarios del servicio su reglamento, montos a pagar, requisitos de ingreso, plan curricular, sistema de evaluación, calendario escolar e identificación del director y promotor, con lo cual las madres y padres podrán conocer lo que ofrecen y exigir que se cumpla en el año escolar.

Si usted optó por la oferta educativa privada para sus hijas e hijos debe tener buenas razones, pero no se deje engañar, busque la mejor opción, exija toda la documentación que dé cuenta de lo que ofrecen, conozca el proyecto educativo, qué textos escolares le exigirán, qué dice el reglamento, qué productos le obligarán a comprar. Si no está de acuerdo y no le aseguran que su hija o hijo será educado en respeto y valores busque otras opciones. Recuerde, la educación es un derecho y no una mercancía.