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Oscuridad

La escuela tiene la obligación de brindar una Educación Sexual Integral (ESI) a través de sus docentes y para lograrlo el sector educación produce los materiales y recursos necesarios para dichos procesos de aprendizaje. Hoy en nombre de la participación de los padres se pretende vulnerar el derecho de las niñas, niños y adolescentes.

Preocupa que el Proyecto de Ley 904/2021-CR que pretende impulsar la calidad de los materiales y recursos educativos con la participación de las madres y padres de familia se apruebe en el pleno del congreso. Se han manifestado en contra el mismo Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, iglesias y cientos de organizaciones y colectivos en todo el país, pero ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué la Comisión de Educación, Juventud y Deporte siendo multipartidaria logra consenso en torno a este proyecto?

No es la primera vez que agrupaciones, organizaciones y sectores conservadores de las iglesias se oponen a los contenidos curriculares que deben desarrollarse en las instituciones educativas, en la mayoría de los casos relacionados a la salud sexual integral, que es una dimensión de nuestra vida en la cual todas y todos debemos educarnos. Reconocer nuestro cuerpo y cuidarlo; aprender las maneras en que se manifiesta nuestra sexualidad; y optar por las mejores formas de relacionamos unos con otros en respeto y armonía, resulta fundamental en la construcción de nuestra identidad individual y colectiva.

Las madres y padres asumen el desafío de la educación sexual todos los días con sus mejores recursos apoyándose en sus conocimientos y experiencias, pero aun vivimos en una sociedad en la que cuesta llamar a los órganos reproductivos por su nombre, tratamos temas relacionados al sexo, la sexualidad y la identidad sexual con bromas y preferimos evitar la vergüenza de aconsejar a los hijos en torno a su intimidad. Es por ello que la escuela tiene la obligación de brindar una Educación Sexual Integral (ESI) a través de sus docentes y para lograrlo el sector educación produce los materiales y recursos necesarios para dichos procesos de aprendizaje. Cuando la familia y la escuela abandonan su responsabilidad en este ámbito, las niñas, niños y adolescentes resolverán sus dudas e inquietudes entre pares o frente a las pantallas de sus celulares y computadoras con peligrosas consecuencias.

| Fuente: Freeimages

El mes pasado en Chiclayo una niña de 12 años no solo fue violada, sino que llevó en silencio un embarazo durante 8 meses, y como consecuencia murió de un edema cerebral y congestión multivisceral. Como ella todas las niñas debieran recibir una educación que les permita alertar el acoso, actuar frente a los riesgos y demandar que su familia, la comunidad y el sistema de protección la cuide y atienda. De la misma forma, toda niña y niño debiera asumir el autocuidado de su cuerpo, establecer los límites en la intimidad, y al llegar a la adolescencia e iniciar su vida sexual, llevarla saludablemente sin violencia y saber dónde acudir por información, consejos y protección.

Hoy está en juego la agenda conservadora y retrógrada de un grupo de legisladores, que en nombre de la participación pretende vulnerar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una educación sexual integral y mantenerlos en la oscuridad, sin recursos ni herramientas para construir vínculos sociales y afectivos que les permita una vida digna y responsable. No lo permitamos.

 

NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.

Docente de la Escuela de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Se desempeñó como coordinadora de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la misma universidad. Educadora por la PUCP y USIL, con maestría en política social con mención en promoción de la infancia por la UNMSM, y doctoranda en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por CINDE y la Universidad de Manizales - Colombia. Ha laborado como asesora de programas y proyectos en infancia para Plan Internacional, SaveTheChildren y Aldeas Infantiles.

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