He preferido insistir esta semana en el tema de la trata de personas a propósito de la campaña mundial “corazón azul” por tres razones: el incremento de denuncias, el riesgo que representa principalmente para las niñas y jóvenes, y la limitada actuación del Estado en la persecución y prevención de este delito. En el 2017, el Ministerio Público reportó 1 436 casos y un promedio de 100 denuncias al mes. El problema no es menor, muchas de las víctimas ni se dan cuenta que lo son, lo cual hace difícil estimar la magnitud real de este flagelo.
En mi columna anterior comentaba la modalidad de padrinazgo que extrae, moviliza y coloca a niñas y jóvenes como trabajadoras del hogar a vista y paciencia de todas y todos. Son las mismas organizaciones de trabajadoras del hogar las que vienen luchando hace décadas para combatir la trata en esta modalidad y exigiendo derechos laborales para su sector.
Sin embargo, hay otras modalidades extendidas en diferentes países, incluido el nuestro, por el cual jóvenes estudiantes de colegios secundarios son captadas por otras jóvenes para ser explotadas sexualmente, utilizando como ganchos: invitación a fiestas, drogas y regalos. La primera vez que escuché de esta modalidad fue en la ciudad de Manizales- Colombia hace un par de años, cuando se desbarató una red que ofrecía a las escolares a través de redes de wasap. La sobredosis de una de las jóvenes fue la punta de la madeja, ella contó a su madre como recibía drogas gratuitamente, como sus “amigas” la llevaban a fiestas con hombres adultos y tras ser violada, la ofrecían a los clientes en listas de wasap. Con la comisión que recibía, compraba más drogas, celulares y ropa, sin dejar de ir al colegio ni abandonar su hogar.
Esta modalidad puede ocultarse muy bien mientras los adultos de la casa pasan la mayor parte del día ganando el sustento, y el riesgo aumenta si hay poca comunicación y violencia en el hogar. Sume a esto que las niñas y jóvenes no cuentan con información sobre la trata con fines de explotación sexual, la mayoría desconoce sus derechos y no recibe educación en sexualidad. En estos contextos, se eleva la probabilidad de convertirse en víctima de trata. Pero no son las mujeres las únicas que necesitan orientación y formación, también los varones por ser quiénes constituyen la demanda que hace posible el delito, sobre todo a los alrededores de las zonas de explotación minera, petrolera y tala de árboles, que concentra mano de obra masculina. Ya sabemos que, a la distancia, es menor la presencia del Estado que de por sí es débil en la protección de la niñez y la juventud.
Una vez más toca a la familia, amar y acompañar a sus hijas, cuidarlas, dialogar con ellas y tratarlas con respeto. Al sistema educativo, a través de las maestras y maestros, toca abordar estos temas en las aulas; y al Estado, asumir el rol que le corresponde.
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