¿Y quién protege a las niñas?

La reciente violación sexual de una niña de 3 años en Chiclayo nos recuerda una vez más el riesgo y la vulnerabilidad en la que se encuentran millones de niñas, niños y adolescentes en el Perú. Ser firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, tener un ente rector, contar con un código de la niñez y adolescencia y leyes que penalizan a los agresores no es suficiente para que el Estado y la sociedad en su conjunto los protejan e impidan que diariamente 15 niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia sexual, cifra que se disparó durante la pandemia, según las estadísticas que maneja el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Las reacciones de la población han sido inmediatas, no solo quemaron la casa del abusador, sino que atacaron la vivienda de la jueza que lleva el caso, dos acciones que expresan la indignación y el desacuerdo con el dictamen de prisión preventiva por nueve meses, lo que obliga a dar celeridad al caso.

Los datos dicen que 7 de cada 10 casos denunciados por abuso sexual quedan impunes, lo cual deja en evidencia la ineficacia del sistema de justicia ante un delito que afecta mayoritariamente a las niñas y adolescentes en los ámbitos familiares y escolares. En otras palabras, los perpetradores conocen a sus víctimas y tienen acceso a ellas.

Una vez más nos invade el miedo por lo que pueda sucederle a nuestras hijas e hijos, y frente a ello las autoridades elegidas proponen medidas inviables como la castración química -sumamente costosa y que no detiene la conducta de los abusadores- o la pena de muerte, que implicaría alejarnos del sistema internacional de derechos humanos y perder su amparo ante las limitaciones y debilidades de la justicia peruana. Entonces ¿Qué hacemos?

Ante la evidente desprotección de las niñas, niños y adolescentes, urge que el gobierno fortalezca el sistema de protección más allá de políticas y planes de bajo impacto. En primer lugar, implica fortalecer el sistema de justicia para que ningún caso de violencia sexual sea desestimado, por el contrario, sea atendido con celeridad sin dar lugar a la corrupción que trunca la efectivización de penas y reparaciones.

En segundo lugar, el gobierno en alianza con todos los medios de comunicación debe iniciar una campaña informativa permanente para que la población asuma las medidas necesarias para prevenir la violencia sexual que puede gestarse desde la crianza en ambientes de riesgo.

Y lo más importante a mi juicio, es la implementación de la educación sexual para las niñas, niños y adolescentes en todas las instituciones educativas públicas y privadas, desde la formación de los docentes en las carreras de educación de universidades e institutos y en la formación en servicio para los docentes que desconocen cómo abordar esta importante labor, que haría posible fortalecer en las y los estudiantes el autocuidado, el sentido del riesgo y prepararse para relaciones de género en respeto e igualdad.