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Avanzamos un paso en la protección del ambiente, pero retrocedemos dos o más

La protección de nuestro patrimonio natural se está convirtiendo en una mala película de terror donde los protagonistas son la ilegalidad, la corrupción y la impunidad.

El pasado 26 de abril celebramos el establecimiento de una nueva área natural protegida (ANP), la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, ubicada frente a Piura y Tumbes, luego de un proceso que duró más de una década. Esta nueva ANP nos ayudará a proteger importantes sectores como Isla Foca, Cabo Blanco-El Ñuro, los Arrecifes de Punta Sal y el Banco de Máncora. Hasta este punto, todo parece indicar que vamos por buen camino; sin embargo, siempre hay baches en la carretera y algunos desvíos que pueden llevarnos hacia el abismo.

Poco después de la creación de esta nueva área protegida, el Ejecutivo -mediante un decreto supremo- modificó el Reglamento de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, buscando nuevamente combatir la “tramitología”, acelerando los procesos, y reduciendo de esta manera la rigurosidad necesaria. Cabe recordar que estos procedimientos ya se habían “agilizado” con lo que se conoció como el “paquetazo ambiental” a través de Ley 30230 (Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país), en el 2014. Podemos decir entonces que estamos avanzando un paso y retrocediendo dos o más.

Reserva Nacional Mar Tropical de Grau
Reserva Nacional Mar Tropical de Grau | Fuente: Yuri Hooker

Además del Ejecutivo, el Legislativo también transita al borde del precipicio. El próximo 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente, el Congreso de la República estaría programando un “Pleno Ambiental”, lo cual podría ser una buena oportunidad para que este poder del Estado demuestre que está a favor de la protección de nuestro patrimonio natural; sin embargo, aún es incierto lo que se debatirá esa fecha. ¿Será este realmente un “Pleno Ambiental”?, ¿se abordarán temas trascendentales y necesarios?, ¿se lograra modificar la “Ley Antiforestal”?, ¿se darán medidas para combatir actividades ilegales?, ¿se generarán herramientas para proteger a los pueblos en aislamiento?, ¿se atenderá el llamado de protección para las personas defensoras del ambiente y el territorio?

Las reformas efectivas son necesarias, el fortalecimiento de nuestra institucionalidad ambiental debe ser una obligación, pero parece que muchas de las reformas propuestas solo buscan debilitar o destruir los avances que se han logrado por décadas. Las economías ilegales están devorando nuestra Amazonía y sus recursos naturales; la ilegalidad, la corrupción y la impunidad parecen los protagonistas de una mala película de terror que no tiene cuándo acabar y, al contrario, solo se repite y repite sin que nadie se atreva a cambiar de canal.

La ilegalidad se ha convertido en el mecanismo principal para explotar los recursos naturales en la Amazonía, como se constata día a día con el tráfico de oro, madera y fauna. La criminalidad es la manera organizada de promover estas actividades ilegales, mientras que la impunidad es la que impide combatir la ilegalidad y la criminalidad, permitiendo que crezcan y actúen libremente.

Entonces, el “Pleno Ambiental” es una oportunidad para romper con este círculo de impunidad, sobre todo para comenzar a recuperar los recursos que la criminalidad y la informalidad nos están arrebatando. Para seguir construyendo una institucionalidad fuerte debemos identificar mecanismos, fórmulas y estrategias que aborden, combatan y destruyan esta mala película y cada una de sus malas versiones, pero esto debe darse de manera estructural y con acciones sostenibles que nos permitan, como país, tener una visión y gestión integral del territorio y del aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de todos los peruanos, donde proteger lo nuestro no ponga en riesgo la vida.

NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.

Tiene más de 18 años de experiencia en temas ambientales, de conservación de la biodiversidad y de Pueblos Indígenas. Titulada por la Universidad de Lima y con segunda especialidad en derecho ambiental y de los recursos naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es directora del Programa de Pueblos Indígenas y Biodiversidad de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

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