Feminicidios: ¿más leyes o más Estado de derecho?

En tres semanas del nuevo año, el Perú ya registra diez feminicidios. Desde hace algunos años, superamos los cien por año, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Cinco feminicidios en tan pocos días no son suficientes para pronosticar que este año habrá más que el año pasado. Esperamos que no sea así. Pero, en todo caso, ¿por qué no tenemos tasas más bajas de feminicidio como las de varios países europeos?

Los feminicidios son un fenómeno global. Sucede en muchos (demasiados) países. Teniendo en cuenta las proporciones de la población, el Perú tiene 4,7 veces más feminicidios que Luxemburgo, 3,6 más que Austria y 3,2 más que Suiza (según datos del Small Arms Survey). Pero por qué suceden más feminicidios en América Latina que en Europa es algo que estas crudas cifras no cuentan directamente.

Un reciente estudio*, publicado en la revista española CIDOB d’Afers Internacionals, ofrece algunas respuestas de mucho interés para nuestro caso. Este estudio tomó datos de feminicidios en América Latina e identificó qué características de estos países hacen que los feminicidios (exactamente, la tasa por cada 100 mil habitantes) sean más altos. Dos resultados destacan, pues juzgan si para reducir los feminicidios necesitamos leyes ad hoc y más Estado de derecho.

En primer lugar, el estudio halló que mientras más fuerte sea el Estado de derecho, menor será el número de feminicidios. Esta es una gran explicación al por qué este tipo de homicidio es más común en América Latina, región con instituciones políticas y legales más débiles que las de muchos países europeos.

Un país con un débil Estado de derecho se caracteriza por un sistema de justicia injusto, con marcados signos de impunidad y desigual aplicación de la ley. Es decir, sería un Estado en el que resolver un feminicidio o un caso de violencia no letal podría encontrar muchas dificultades, pues la aplicación de las normas se relativiza y la justicia es deficiente por falta de competencia o es manejable por influencia.

Los países con estados de derecho débiles envían un mensaje claro a las mujeres víctimas de violencia: denunciar es una ruleta rusa. Es el triste mensaje del caso Arlette Contreras, pero también de muchas otras que no conocemos. Y si más mujeres dejan de denunciar, es más probable que la violencia de la que son objeto escale hasta agresiones más severas e incluso la muerte.

En segundo lugar, uno de los reclamos para la reducción del feminicidio ha sido su tipificación como un delito en las normas penales. El estudio en alusión halló que la tipificación del feminicidio como un delito no redujo los feminicidios. Tampoco lo hizo el aumento de penas para este delito.

Entonces, ¿esto nos debe llevar a evitar que el feminicidio sea considerado como un delito? No. Lo que el estudio halla es que la norma no disuade a los feminicidas. Aunque suene raro, esto es normal. La gran mayoría de normas no son disuasivas. Menos aún los aumentos de pena (no imagino a ningún delincuente revisando las Normas Legales de El Peruano para enterarse de si los delitos que comete tienen en adelante un mayor castigo).

La tipificación del feminicidio sigue un objetivo distinto, el de visibilizar el hecho (el asesinato de una mujer por su condición de tal y bajo un contexto de hostilidad) y castigarlo penalmente como tal. Además, su tipificación en el Perú ha nutrido el debate sobre la violencia de género y las formas para combatirla.

Por supuesto, los feminicidios tienen otras causas. Pero ambos resultados apuntan a la necesidad de un sistema de justicia fuerte, predecible e independiente, a tal punto que toda víctima de violencia sienta que denunciar es un paso natural y protector. A eso debemos aspirar.

* Saccomano, C. (2017). El feminicidio en América Latina: ¿vacío legal o déficit del Estado de derecho? Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 117, 51-78. Disponible en https://goo.gl/9uhjkQ