El estado de Paraná, fronterizo con Argentina y Paraguay, es gobernado por el opositor Beto Richa, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff afirmó este jueves que los movimientos sociales no deben ser tratados como un "asunto policial", al condenar la represión de los policías contra una protesta de docentes en Curitiba, capital del estado sureño de Paraná, que causó unos 200 manifestantes heridos.
"El movimiento social no debe ser tratado como un asunto policial, sino con disposición al diálogo. Es posible acompañar una manifestación pública sin el uso desmedido de la fuerza como vimos en Curitiba", dijo a periodistas en Sao Paulo el ministro de Derechos Humanos, Pepe Vargas.
El estado de Paraná, fronterizo con Argentina y Paraguay, es gobernado por el opositor Beto Richa, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Vargas, luego de reunirse con siete de sus antecesores en Sao Paulo para fijar una posición conjunta contra la reducción de la mayoría de edad penal, calificó de "uso desmedido de la fuerza y una violencia innecesaria" en la acción de la Policía Militarizada de Paraná.
No obstante, el ministro anticipó que deberá analizar el material sobre el episodio que su cartera, dependiente de la Presidencia de la República, está recibiendo.
Por su parte, el exministro de Derechos Humanos Paulo Sergio Pinheiro, de la gestión de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), dijo a Efe que la represión en Curitiba contra los profesores fue un método "parecido a una dictadura".
"Es lamentable que el Gobierno regional no demuestre que tenga competencia para lidiar con protestas pacíficas", subrayó.
Pinheiro es además presidente de la Comisión Independiente de Investigación sobre Siria en el ámbito de la ONU.
La manifestación de los profesores congregó el miércoles a unas 20.000 personas en el centro de Curitiba y fue convocada en protesta contra la modificación de las reglas de jubilación del sector.
El Gobierno de Paraná responsabilizó de los disturbios a manifestantes "radicales", enmascarados y armados con piedras, palos, barras de hierro y cócteles molotov, que supuestamente se infiltraron en la protesta para cometer actos de vandalismo.
La Policía arrestó a trece manifestantes, algunos de ellos supuestamente relacionados con actos violentos cometidos en otras protestas y todos ellos fueron dejados en libertad después de firmar una declaración de responsabilidad.
Unas 200 personas resultaron heridas y 65 de ellas tuvieron que recibir atención médica en hospitales, de los que 21 son policías y 44 manifestantes, según la Secretaría de Seguridad Pública.
EFE
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