Columnista invitado | Respuesta a la columna de Oscar Schiappa-Pietra

Por Javier Coronado*

El Indecopi ha sido a lo largo de sus 27 años de vida, un actor fundamental en la evolución de las reformas estructurales que, a inicios de los noventa, organizaron la economía del país bajo el principio del libre mercado y abandonaron el intervencionismo estatal en precios y en buena parte de la actividad productiva.

El trabajo técnico del equipo a lo largo de estos años ha hecho que la institución sea reconocida a nivel internacional. Recientemente, por ejemplo, la Global Competition Review (GCR), incluyó por primera vez al Perú, a través del Indecopi, en su ranking global de agencias de competencia, dándole tres estrellas de reconocimiento. Asimismo, la OECD (organismo formado por las 36 economías más avanzadas), en un reciente examen inter-pares (noviembre 2018), calificó las prácticas del Indecopi en materia de competencia como alineadas a las mejores prácticas internacionales avaladas por esa institución. Estos reconocimientos se deben en parte a las reformas llevadas a cabo para fortalecer el Programa de Clemencia (colaboración eficaz) para desarticulación de cárteles y a las Abogacías de Competencia que, por ejemplo, influyeron en importantes cambios a la ley de contrataciones de 2018 para fomentar más competencia entre los postores (no publicación del Valor Referencial, DJ de conocimiento de normativa de libre competencia, etc.) que el Indecopi logró trabajar con el MEF y el OSCE.

En esta etapa de madurez institucional - y ante algunas voces que exhortan a escindir del Indecopi la función de protección al consumidor y crear una nueva entidad pública, o que creen que las concentraciones empresariales se deberían a una presunta inacción en materia de libre competencia- cabe recordar para qué se creó el Indecopi, cómo se ha fortalecido, e identificar qué le falta o qué le sobra, especialmente en un marco económico muy diferente al que se vivió en los años de su creación.

En sencillo, el Indecopi se creó como institución vigilante del correcto funcionamiento del mercado, lo que se refleja en sus múltiples funciones, todas ellas vinculadas a corregir fallas del mecanismo de mercado, ampliamente estudiadas en la literatura y que afectan el bienestar de los consumidores finales. Son siete las principales funciones: defensa de la libre competencia, represión de la competencia desleal y rol subsidiario del Estado, combate al dumping y subsidios extranjeros, eliminación de barreras burocráticas ilegales o irracionales, protección del consumidor frente a las asimetrías con proveedores, registro y defensa de los derechos de propiedad intelectual (marcas, patentes y derecho de autor), y la administración del sistema concursal.

La decisión de incluir todas esas funciones en una sola institución, habría buscado evitar la burocracia de tener múltiples agencias, sin embargo, con el tiempo, esa estructura ha dado fortaleza al Indecopi en varios aspectos que vale la pena repasar.

Primero, existen importantes sinergias entre áreas relacionadas, que permiten dar una visión de política pública integral a las decisiones de la autoridad.   La defensa del consumidor y la competencia, es un claro ejemplo. En estos tiempos en los que la economía digital avanza a gran velocidad, los equipos del Indecopi discuten cómo afrontar desafíos como los derechos del consumidor frente a plataformas digitales, y la importancia de no interferir innecesariamente en su desarrollo para no dañar la competencia y la innovación.

Segundo, la consolidación de la unidad institucional le ha permitido fortalecer su independencia frente a los vaivenes de la política. Los equipos técnicos que resuelven casos, lo hacen con total autonomía, gracias a que aquellos que adoptan las decisiones no dependen de la administración, son profesionales sólidos e independientes. Dividir esas fuerzas en pequeñas agencias, no solo generaría mayor gasto al Estado, al multiplicarse las áreas administrativas, sino que incluso podría debilitar la institucionalidad.

Tercero, el interés de la movilidad de los cuadros técnicos entre diferentes áreas, hace que el conocimiento en las materias relacionadas se consolide en los profesionales, los que alcanzan un alto grado de especialización, pero con una visión amplia en materia de política pública. Un ejemplo de ello es el trabajo conjunto para supervisar el uso de los octógonos en las etiquetas, un trabajo que involucra el análisis de publicidad, a cargo de competencia desleal, y transparencia de información a cargo de las áreas de defensa de los derechos del consumidor.

Este modelo que ha funcionado bien en el Perú, parece ser también una alternativa en los países de economías más avanzadas. Por ejemplo, la Competition and Markets Authority (CMA) del Reino Unido, creada en 2013, concentra funciones de autoridad de competencia y de protección al consumidor. En ese mismo año, el gobierno holandés decidió juntar la Autoridad de Consumidor, la Autoridad de Competencia (NMa) y la Autoridad Independiente de Servicios Postales y Telecomunicaciones (OPTA) en una sola gran agencia, la Autoridad Holandesa para el Consumidor y los Mercados (ACM). En España, el parlamento fue más allá, inclusive, y juntó en una sola gran agencia, a los reguladores sectoriales de telecomunicaciones, energía, servicios postales y servicios de transportes con la autoridad de competencia. Así, en 2013, se creó la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

La institucionalidad del Indecopi, se ha consolidado a lo largo de los años y su trabajo técnico viene cosechando buenos resultados, con miles de barreras burocráticas eliminadas en favor de los pequeños negocios y los ciudadanos, varios cárteles desarticulados (papel higiénico, farmacias, oxigeno medicinal, combustibles), reducción de tiempo y costos para registros de marcas y patentes, más conciliaciones en problemas de consumidor y más información para mejores decisiones de consumo, entre muchos otros.

Sin embargo, en estos últimos tres años, aproximadamente, hemos reconocido que la organización y algunas reglas deben mejorarse de cara al futuro.  Por ejemplo, se ha creado un programa de recompensas para promover que los funcionarios de empresas brinden información para identificar cárteles. Se reconocieron nuevas figuras de propiedad intelectual, como las Indicaciones Geográficas (IG) y las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG), para proteger productos y platos típicos de nuestro país respectivamente, nuestro ADN. Se han propuesto cambios a la Ley General del Sistema Concursal para agilizar los procesos de reestructuración de empresas, y cambios organizaciones para agilizar los procedimientos en materia de competencia reduciendo los procedimientos de dos instancias a una sola.

De otro lado, el Indecopi ha colaborado con el MEF en la elaboración de la Ley de Control de Concentraciones, orientada a dotar a la autoridad de un marco legal que le permita revisar fusiones entre empresas que puedan tener impacto sobre la competencia, tal y como lo recomendó la OECD en su revisión inter-pares. Este proyecto aún no ha sido aprobado en el Perú, por lo que constituye una muy importante tarea pendiente.

Todos estos esfuerzos de reforma ya desplegados o en vías de implementación, sin embargo, nos han hecho reflexionar sobre la necesidad de contar con instrumentos de política pública que aseguren que nuestro país siga en la senda del desarrollo de la economía de mercado. Por eso, el Indecopi viene trabajando en proponer políticas nacionales de propiedad intelectual y de competencia, que aseguren que las reformas que cambiaron nuestro país para bien se profundicen y se consoliden para siempre.

* Gerente General de Indecopi, Economista por PUCP, Doctor en Economía por Universitat Pomeu Fabra y MSc Economics por la London School of Economics. Es Vocal de Tribunal de Solución de Controversias del OSITRAN y fue Gerente de Estudios Económicos del Indecopi, Consultor en NERA Economic Consulting y Charles Rivers Associates. Es profesor de competencia y regulación en la PUCP y la UDEP.