Más de 200 personas fueron intervenidas tras desalojo en San Marcos, informó la Fiscalía

Cerca de 205 personas han sido intervenidas al interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) durante el operativo policial ejecutado esta mañana en el campus universitario, en el que un contigente de la Policía retiró a los manifestantes que se alojaban en la casa de estudios desde el pasado 18 de enero. Así lo informó el fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito.

Barrenechea, quien se encuentra al interior de las instalaciones de la ‘Decana de América’, detalló a RPP Noticias que los ciudadanos intervenidos han sido desplazados a las sedes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ambas ubicadas en el Cercado de Lima.

El representante del Ministerio Público señaló que, al conocer a dónde serán trasladadas las personas intervenidas, se ha dispuesto que 20 fiscales se acerquen a las dependencias policiales, además de otros ocho médicos legistas para que realicen los exámenes médicos legales, a fin de determinar que los intervenidos “no presenten ningún tipo de afectación”.

“El Ministerio Público, como defensor de la legalidad, va a actuar dentro del marco de la ley y conforme establece la normatividad, de una forma autónoma e independiente”, declaró.

De otro lado, el fiscal superior Alfonso Barrenechea aseveró que los manifestantes, que llegaron a Lima procedentes de Puno y Cusco para participar en las marchas antigubernamentales, habrían actuado “en flagrancia” al ingresar y alojarse en la 'Decana de América' sin el permiso de las autoridades universitarias.

Asimismo, Barrenechea comentó que la denuncia de la UNMSM sobre el robo de equipos y la agresión contra su personal de seguridad por parte de un grupo de supuestos manifestantes, ha motivado el despliegue policial.

“La intervención se sustenta en ambos hechos”, precisó.

Fiscalía determinará si actuación de la Policía fue legal cuando se emita el informe del operativo

El fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, evitó responder si fue legal el operativo ejecutado por la Policía. Explicó que un fiscal penal de turno será el encargado de revisar el informe, que próximamente deberá emitir la Policía, para verificar el análisis legal y valorar la actuación del personal PNP.

Barrenechea precisó que se tiene previsto que el informe de la Policía sea emitido en un plazo de 48 horas, y que este debe contener las actas y una serie de documentación sobre el operativo.

“No podríamos adelantar una valoración, porque le va a corresponder al fiscal penal efectuar el análisis legal y verificar la actuación de la autoridad policial”, aseveró.

Consultado si es que hay alguna comunicación con las autoridades sanmarquinas, el representante del Ministerio Público dijo que no, pero comentó que la directiva de la UNMSM presentó hace unos días una denuncia penal por el presunto delito de usurpación por la toma de la universidad. Acotó que el caso ya ha sido asignado a un despacho fiscal.

“Policías entraron sin autorización, diciendo que tenían derecho de intervenir, agredir e insultar”, denuncia residente universitaria

Joselyn Melgar, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), narró la manera en cómo entraron los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) a la Residencia Universitaria. De acuerdo con la estudiante, los efectivos policiales argumentaron que podían ingresar sin autorización al estar dentro de un estado de emergencia y que, además, -dijo- estaban habilitados para golpearlos e insultarlos.

"Empecé a escuchar ruidos dentro de los pabellones de la Residencia Universitaria y yo atiné a asegurar mi puerta. Lo que hicieron los efectivos policiales fue romperme la puerta, ingresar y sacarme afuera de la Residencia Universitaria, bajo la alegación de que estamos en un estado de emergencia y ellos pueden intervenirme como les dé la gana, agredirme e insultarme", aseguró.

Asimismo, sostuvo que, en el momento de la intervención, no había ni fiscales, ni miembros de la Defensoría del Pueblo.

"Le consultamos cuál era la autorización o la orden que le habían dado. En nuestro caso nos contestaron que no había ninguna orden, que simplemente estamos en estado de emergencia y que ellos tienen todo el derecho de intervenir cualquier espacio, vulnerando derechos fundamentales como la integridad y la infraestructura que tiene la universidad. Ni siquiera está la Defensoría del Pueblo presente, ninguna autoridad que no sea la Policía que está maltratando ahora a las personas", agregó.