El juez Ángel Mendivil reprogramó la audiencia en la que se verá si procede los 18 meses de prisión preventiva por sus presuntos vínculos con Belaunde Lossio en el caso Antalsis.
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria reprogramó para el jueves 24 de noviembre la audiencia del expresidente del Instituto Peruano del Deporte (IDP), Francisco Boza, por el denominado caso Antalsis. En ella se iba a ver si afrontaría la investigación por asociación ilícita para delinquir en libertad o prisión preventiva.
Hasta la sede de la Sala Penal Nacional, del Cercado de Lima, llegó el extitular del IPD, quien dijo que asistirá a todos los llamados que le haga la justicia. “Ratifico que no me voy a dar a la fuga. Estoy presente acá (…). Hoy me apersoné a la audiencia donde se iba a decidir mi prisión o libertad y la Fiscalía a última hora presenta documentos, al menos 350 hojas, que no son factibles de leer y tuvieron que reprogramarla”.
Boza señaló que con este accionar lo único que buscan es dilatar el proceso, además negó que se encuentre borrando pruebas que lo involucran en este caso, ya que los hechos en los que está implicado sucedieron después de su gestión. “Con esto demuestran que no tienen nada en contra mío y que soy inocente.
El juez Ángel Mendivil reprogramó para el 24 de noviembre a las 9:00 horas la audiencia, en la que se resolverá el pedido de Ministerio Público de dictar 18 meses de prisión preventiva contra Boza por el caso Antalsis, que lo atribuye ser parte de una organización criminal
Antalsis. Francisco Boza fue titular del Instituto Peruano del Deporte durante el gobierno de Ollanta Humala y se le investiga por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir en relación con el proceso que se le sigue al empresario Martín Belaunde Lossio.
En noviembre de 2014, Francisco Boza renunció a la presidencia del IPD luego que el programa Cuarto Poder difundiera mails que lo vinculaban con Belaunde Lossio. Según la denuncia, Boza pidió al empresario que interceda en el Congreso para que se modifique el Presupuesto General, a fin de que el IPD cuente con los recursos necesarios para financiar una obra en Chiclayo para los Juegos Bolivarianos. La obra luego fue adjudicada a un consorcio integrado por una empresa española que el mismo Belaunde Lossio representó.
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