Amnistía Internacional advierte aumento de violencia contra mujeres en Perú y avance de normas que ponen en riesgo sus derechos

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el aumento de la violencia contra niñas y mujeres en Perú, así como el avance de normas que ponen en mayor riesgo sus derechos.

“Pese a que las consecuencias de la violencia de género (VBG) pueden ser devastadoras, e incluso provocar la muerte de mujeres y niñas, el crecimiento de casos de VBG, así como el debilitamiento de las políticas que combaten esta violencia, muestran que la erradicación de la violencia machista no es una prioridad para el Estado peruano”, expresó la organización en un comunicado.

Amnistía Internacional detalló que, entre enero y octubre de este año, 8 627 mujeres fueron registradas como desaparecidas (de ellas, el 66% son niñas y adolescentes). Se estima que solo la mitad han sido ubicadas.

“Ellas corren un alto riesgo de ser víctimas de trata de personas, violencia sexual o feminicidio, por lo que su búsqueda debe ser inmediata”, detallaron.

La institución también detalló que se han registrado 123 casos con características de feminicidio entre enero y septiembre de este año. Según la Defensoría del Pueblo, aproximadamente el 22% de las víctimas de feminicidio habían sido reportadas previamente como desaparecidas. 

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Cifras de violencia sexual

Amnistía Internacional indicó que miles de niñas y mujeres víctimas de violación sexual siguen siendo forzadas a ser madres en el país. Según cifras oficiales, solo entre enero y octubre de este año, 836 niñas y adolescentes se convirtieron en madres, entre ellas una niña menor de 11 años.

“En lugar de protegerlas, en numerosos casos el Estado peruano ha obstaculizado su derecho al aborto terapéutico, situación que ha puesto en riesgo sus vidas”, apuntaron.

La institución indicó que con la promulgación de la Ley 31498 en 2022 se debilitó la educación sexual integral, herramienta esencial para una educación basada en derechos, y en 2023, con la Ley 31935, que reconoce derechos del concebido, se puso en mayor riesgo la aplicación adecuada del aborto terapéutico.

Ante esta situación, Amnistía Internacional instó a las autoridades a impulsar normas que eliminen el machismo estructural, “rechazando todas las iniciativas o leyes que representen retrocesos en la lucha de las mujeres por vivir en igualdad y libres de violencias, reforzando todos los programas contra la violencia de género”.

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