Conflictividad minera evidencia un crecimiento moderado durante el segundo semestre del año, según reporte

El 29° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, elaborado por CooperAcción, Fedepaz y Grufides, reveló que al cierre del segundo semestre del año, el número de conflictos sociales vinculados a la actividad minera en el país ha mostrado una moderada tendencia de incremento y se ubica muy por debajo de los picos de conflictividad registrados en años como el 2009 y el 2014.

De los 198 conflictos sociales registrados, 142 se categorizan como activos y 7 de ellos han sido registrados como casos nuevos.

Ana Leyva, abogada de CooperAcción, explicó que los picos de conflictividad durante los gobiernos de los expresidentes Ollanta Humala y Alan García no se han vuelto a manifestar. "Existe una tendencia de crecimiento, pero moderada”, comentó.

Leyva también informó que, en su mayoría, estos conflictos son de convivencia más que de oposición a la instalación minera.

Asimismo, se encuentran ubicados en las regiones de la Macro Norte y Macro Región Sur. Sin embargo, es en esta última macro región donde los conflictos son de mayor intensidad.

Leyva se refirió al caso de Las Bambas, empresa de capitales chinos que anunció una posible paralización de su producción por las protestas y continuos cortes de la carretera en las provincias de Chumbivilcas y Cotabambas.

LA IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO

Por su parte, Giselle Huamaní, de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, señaló que el manejo de los conflictos y los acuerdos a los que se llegan debe ser una tarea de todos los actores y de todos los niveles de Gobierno.

"Es un trabajo delicado, crear buena voluntad, animar y promover a la gente de que a pesar de las dificultades que hemos mencionado, podamos seguir apostando por el diálogo”, indicó.

Desde el sector público, Huamaní aclaró que el enfoque del actual Gobierno es el de estar presente con la población y fomentar el diálogo sin utilizar la represión.

A su turno, David Velazco, director de Fedepaz, recordó que en los últimos años se ha priorizado las soluciones de fuerza o instrumentalizando el derecho penal para abrir procesos penales a miembros de las comunidades.

Finalmente, Mirtha Villanueva, de Grufides, denunció los impactos que tiene la minería artesanal e informal en regiones como Cajamarca.

“Un defensor fue ante las autoridades con una botella de agua anaranjada a reclamar por la salud de su familia y de sus cultivos; denunciando la actividad minera informal y fue reprimido”, remarcó.

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