En lo que va del año más de 105 mujeres han sido víctimas de feminicidio, y el 60% de ellas eran madres. Según el Ministerio de la Mujer, hay más de 90 niños y adolescentes que han perdido a sus mamás en el último año debido a estos crímenes. Conoce el panorama de desamparo en el que quedan los hijos de la violencia de género en el país.
[Actualización 22/11/2019: *Reportaje premiado con el 1º del concurso Periodismo que llega sin Violencia 2019]
Las muertes de Erika y Andrea lo cambiaron todo para sus familias. Ambas eran madres y ambas fueron asesinadas por sus parejas. Erika fue golpeada en junio de este año, y Andrea fue apuñalada en noviembre del 2018. Erika tenía una hija de 14 años y un niño de 4, mientras que a Andrea le sobreviven una niña de 2 y un niño de 8.
En un país en que se han registrado hasta el momento más de 105 feminicidios, según el Ministerio de la Mujer, una nueva historia se escribe para los menores que han quedado sin la protección de una madre.
Lilian Morales y Mónica Sánchez, madres de Erika y Andrea, respectivamente, se preguntan qué será de la vida de sus nietos el día que ellas ya no estén. “Una no es eterna. Soy una mujer mayor, ¿qué les puede esperar?”, dicen. Ellas han asumido la protección y cuidado de sus nietos tras el feminicidio de sus hijas. Para ambas, el clamor por justicia es de la misma intensidad que el de reparación integral para sus nietos.
Los hijos de Erika reciben terapia psicológica tres veces al mes y siguen yendo a la escuela. Su abuela, Lilian, tiene principal preocupación por su nieto de 4 años, ya que “ha absorbido” la violencia que vio en su hogar. “Me pregunta ‘¿cuándo viene mi mamita?’, y yo no sé qué puedo responderle”, declara.
El drama de Mónica Sánchez es similar. Su nieto de ocho años recibe todos los miércoles terapia psicológica. En su caso, fue testigo directo del asesinato de su madre. Su temor es que su nieto crezca con resentimiento, por lo que para ella el apoyo psicológico es fundamental. “Yo tengo 52 años. Cómo voy a hacer para que estudien, vayan al colegio, a la universidad. El Estado tendría que apoyarlos, tiene que compadecerse de las criaturas que no tienen a su mamá”, dice.
Los hijos de Erika y Andrea son solo una pequeña muestra del daño colateral de la ola de feminicidios que vive el país.
Cada vez más visibles
La situación de las víctimas indirectas de feminicidio es una realidad que se está visibilizando cada vez más, sostiene Nancy Tolentino, directora ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del Ministerio de la Mujer. La data de los menores de edad que han quedado en la orfandad todavía está en construcción.
Recién desde este año, el PNCVFS elabora un “registro individualizado” sobre los niños, niñas y adolescentes que perdieron a su madre “para hacerle un seguimiento a cada uno de ellos”.
De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de la Mujer, de enero al 30 de julio de 2019, existen 101 víctimas indirectas de feminicidio, de los cuales 93 son niños, niñas y adolescentes. De este número, 33 tienen entre 0 a 5 años; 41, entre 6 a 11 años y 19, entre 12 a 17 años.
¿Y los casos anteriores? Según una estimación tras el conteo de la estadística pública de los casos de feminicidio reportados por el MIMP entre el 2010-2018, al menos hay 606 “hijos e hijas” que se quedaron sin madre.
Según información proporcionada por la Dirección de Protección Especial del MIMP a la Defensoría del Pueblo, desde el 2016 hasta febrero de 2019 se atendió a 80 niños, niñas y adolescentes victimas indirectas de feminicidio. De este número, 70 tuvieron red de soporte familiar, es decir, se quedaron a cargo de algún familiar, seis niños fueron albergados en Centros de Atención Residencial y hay cuatro casos sin información.
"Te Acompañamos", una primera acción
Como respuesta a esta ola de desamparo de los menores, la primera medida del Estado ha sido crear la estrategia “Te Acompañamos”, encargada de articular diferentes acciones en favor de las víctimas indirectas de feminicidio.
“El objetivo general es que niños y niñas superen esta grave perdida, este trauma emocional y puedan continuar su proyecto de vida. Es una responsabilidad compartida que el Estado asume, así como con la propia familia de la víctima. La gran mayoría no desea separarse de los niños y niñas. Solo un mínimo porcentaje de estos niños está bajo la completa atención del Estado, a través de los centros de atención residencial”, explica Nancy Tolentino, directora del PNCVFS.
La estrategia “Te Acompañamos” es una actualización del “Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo”. El PNCVFS se encarga de verificar que cada sector cumpla con las acciones contempladas por el protocolo. En lo que va del año, este grupo multisectorial ha tenido cuatro reuniones de articulación.
“La terapia le corresponde al Ministerio de Salud, el tema educativo le corresponde a Educación. Por ejemplo, velamos por que quien cuide al niño cumpla con atender las citas del centro de salud mental comunitario. Si dicen que tienes que ir tres veces a la semana, que la familia que cuida cumpla con ir. Hacemos visitas inopinadas donde quiera que esté el niño. Por ejemplo, si el hecho ocurrió en Ayacucho, la trabajadora social los visitará”, detalla Tolentino.
“El resultado que esperamos es que este trauma pueda ser superado, de manera que no obstaculice su proyecto de vida”, añade.
El paso a paso
Al ocurrir un feminicidio, lo que debe hacer el fiscal penal es verificar si la mujer tiene hijos. En ese caso, según el protocolo, los menores deben enterarse de la noticia a través de psicólogos para darles contención emocional.
El fiscal también debe comunicar a la Unidad de Protección Especial (UPE), encargada de velar por los menores en situación de vulnerabilidad, para que se dicten las medidas de protección a favor de los menores. “Si no hay Unidad de Protección Especial en el lugar donde ocurrió el feminicidio, el fiscal penal debe comunicar al fiscal de familia para que un juez de familia dicte la medida de protección”, explica Matilde Cobeña, adjunta de la Niñez de la Defensoría del Pueblo.
Luego de esto, viene un largo proceso de terapia psicológica, a cargo del Ministerio de Salud, y de velar porque los niños continúen asistiendo a clases. “En el entorno educativo, nuestros profesionales dialogan con la docente para que pueda tener recursos prioritarios para que este niño sea insertado, apoyado por el grupo y que no sufra bullying o una estigmatización”, dice Tolentino sobre la atención en la escuela.
Servicios especializados
Matilde Cobeña, adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo, cree que es positivo que el Estado haya comenzado a tener “en su radar” a las víctimas indirectas y que se estén iniciando acciones para su proceso de recuperación. En ese sentido, afirmó que las acciones deben seguir fortaleciéndose, teniendo un abordaje diferenciado y especializado.
“La reparación integral implica ver todos los aspectos de vida en los cuales impacta el feminicidio de su madre. Hay que ver el aspecto educativo, físico, de salud emocional y hasta del recreativo. También el tema de la vivienda, alimentación. Si el agresor es el padre, y lo mandan a la cárcel, ¿quién va a alimentar a ese niño? Hay que contemplar todos esos aspectos”, manifiesta.
Para Cobeña, la clave es que el Estado asuma la reparación de las víctimas indirectas haciéndoles un seguimiento continuo “hasta que se evidencie su recuperación”.
Rosa Vallejos, representante legal de Save the Children, considera que las intervenciones en caso de feminicidio deben también incorporar un enfoque en el que se garanticen las medidas de protección para los niños. En su opinión, es básico que el Estado asegure a los niños un tratamiento psicológico para poder rehabilitarse de este trauma.
“Si ha habido feminicidio es porque este problema no ha terminado de ser resuelto por el Estado. Entonces el Estado tiene una responsabilidad por lo que ha dejado de hacer. Varios de los casos son personas que pidieron garantías, que se empoderaron para que denuncien y terminaron asesinadas”, sostiene.
Las secuelas psicológicas
La psicóloga clínica Teresa Pacheco explica que perder a una madre en etapa de la infancia afecta “demasiado al desarrollo de la personalidad” de un menor. Para la especialista, los niños transitan por un duelo especialmente difícil y del cual es complicado recuperarse totalmente.
Además de la terapia psicológica que deben recibir, el principal sostén debe ser la familia que se queda a cargo. Entre los sentimientos que puede experimentar el niño están la rabia, la impotencia, la culpa o el resentimiento.
“Se trata de poder conversar de lo sucedido, de devolverle la confianza, porque si la persona que lo protege, que es su padre, mata a su madre, ¿qué confianza en el mundo puede tener?”, indica la especialista.
En otros países
La reparación de los huérfanos de la violencia es un tema pendiente para la mayoría de los países de América Latina. Argentina, Uruguay y México cuentan con legislación que contempla una reparación para los niños que quedan en orfandad en contexto de violencia de género.
El Gobierno de Argentina reglamentó en el 2018 la Ley Brisa, una reparación económica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 21 años. Al mes, la familia recibe un promedio de 210 dólares para cumplir con el gasto de los menores. La norma también incluye cobertura integral de salud. El proyecto se inspiró en Brisa Barrionuevo, una niña de tres años, cuya madre fue asesinada a golpes.
En el 2011, el Parlamento de Uruguay promulgó la ley N° 18.850 que otorga una reparación a hijos de personas fallecidas como consecuencia de violencia doméstica. Al mes, la familia recibe en promedio 307 dólares.
En México, se aprobó en el 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que establece que se “debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas”.
En el Perú, el 63% de mujeres ha sido sobreviviente de al menos un tipo de violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del INEI de 2018. El país alcanzó en el último mes de agosto una nueva estadística de terror: en solo dos días, cinco mujeres fueron asesinadas, dejando al menos ocho niños más en la orfandad.
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