Gremios periodísticos se solidarizan con IDL-Reporteros y condenan la violación de la libertad de prensa

[Actualización 11/07/2018]

A pesar de que los principales gremios periodísticos nacionales e internacionales, a los que se sumaron Amnistía Internacional y la Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN), condenaron el acto irregular del Ministerio Público, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó a declarar al periodista y director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, y a la periodista Rosana Cueva, directora del programa de investigación Panorama el día jueves 12 de julio.

Según el documento emitido por la comisión se trata de interrogar sobre “la forma y circunstancia por el cual obtuvo los audios y/o documentos en relación a las interceptaciones telefónicas realizadas (...) sobre los audios publicados el sábado 7 de julio”.

El fiscal adjunto Rodrigo Rurush Castillo, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, junto con cuatro policías, se presentó la mañana del martes 10 de julio en el local del medio de investigación IDL-Reporteros, en San Isidro.

El Ministerio Público buscó realizar una diligencia de exhibición e incautación de la documentación relacionada con la investigación de IDL-Reporteros, en la que varios audios revelan supuestos actos de corrupción y presunto tráfico de influencias entre integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, esta diligencia se hizo sin previa notificación y sin documentación básica para que se realice. 

RPP se comunicó con varios gremios periodísticos peruanos e internacionales que se pronunciaron sobre el hecho.

Rodrigo Villarán, director del Consejo de la Prensa Peruana, se mostró muy preocupado con esta situación de vulneración de la libertad de prensa. Consideró que, si bien los hechos de violencia contra los periodistas han disminuido, existen otros mecanismos que obstaculizan su trabajo. 

“Vemos que cada vez más existe el mecanismo de una censura indirecta. Hemos señalado como uno de estos mecanismos a una agenda legislativa que vulnera la libertad de expresión, la libertad de prensa, con la intención de ejercer presión sobre periodistas y medios de comunicación que están teniendo un tono particularmente crítico con actos de corrupción como el caso Lava Jato y algunas denuncias vinculadas a compras irregulares en el Congreso”, señaló.

Este hecho coincide con un contexto en el que Congreso ha aprobado recientemente la Ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) denunció que existe una degradación de la situación de la libertad de prensa en nuestro país. “La única manera de interpretar eso es que es un atropello a libertad de expresión y una profunda preocupación de algunos integrantes del Ministerio Público por lo que se va a divulgar”, declaró Augusto Álvarez Rodrich, presidente del Instituto de Prensa y Sociedad, a RPP.

La Asociación de la Prensa Extranjera en Perú (APEP) también emitió un comunicado en el que condena la intimidación por parte de la Fiscalía a raíz del anuncio de IDL-Reporteros sobre la publicación de otros audios en los próximos días.

“Consideramos que es una intimidación por parte de la Fiscalía debido a que IDL-Reporteros anunció que continuaría con más revelaciones sobre el mismo caso. Nos parece que la forma en la que llegaron el Fiscal y los policías a la oficina IDL-Reporteros, sin documentos de por medio, sin orden de una fiscal a cargo de la investigación del juez de la corte del Callao, es un acto que podría obstaculizar la investigación que iba a continuar”, declaró la periodista y presidente de la APEP, Jacqueline Fowks.

Intimidación para obstaculizar la investigación

La organización internacional de defensa de la libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF), presente en Latinoamérica, pidió a la justicia peruana respetar el principio de la reserva de las fuentes, uno de los pilares de los derechos a informar.

“Es preocupante y sospechoso que el Ministerio Público haga una diligencia en IDL-Reporteros sobre todo luego que se publique esta investigación periodística que revela irregularidades que involucran a miembros del Poder Judicial. Es fundamental que los operadores de justicia no obstaculicen la investigación de IDL-Reporteros”, declaró a RPP Artur Romeu, miembro de RSF Latinoamérica.

Romeu señaló que los casos de violación de protección de la fuente en América Latina y Estados Unidos muestran presiones de grupos de poder desde el ejecutivo o el judicial para intimidar a los equipos de investigación o al medio que revelan a raíz de sus investigaciones la corrupción de personajes políticos, para de esta manera provocar una autocensura.

“Lo que buscan es identificar quién fue la persona y cómo los periodistas lograron obtener informaciones. Estos grupos de poderes esperan que estas informaciones no sean reveladas o que sigan en secreto”, aseguró Romeu.  

Mientras tanto, el único pronunciamiento de la Fiscalía sobre este hecho se hizo desde su cuenta de Twittter dónde pidió disculpas por el acto irregular que consideró como “incomodidades” y que "fue suspendida por la falta de un documento que no pudo ser presentado al inicio de la misma (...)”