Presidente no observó ley que pone en riesgo enfoque de género en textos escolares, pese a recomendaciones del Mimp y la Defensoría

El presidente de la República, Pedro Castillo, tenía hasta ayer como plazo legal para observar la autógrafa del Proyecto de Ley N° 904 que permite que las Apafas y "asociaciones civiles de padres de familia", como Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM), revisen los contenidos de los textos escolares y puedan vetar el enfoque de género y la Educación Sexual Integral (ESI) en dichos materiales.

Como se sabe, el pasado 05 de mayo el Pleno del Congreso, con 88 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones, aprobó la referida ley de la Comisión de Educación del Parlamento y la exoneró de segunda votación. Dicha propuesta legislativa fue presentada por el congresista Esdras Medina de Renovación Popular, presidente de la referida comisión parlamentaria.

El 25 de mayo, el proyecto aprobado por el Congreso llegó al Despacho Presidencial por lo que el jefe de Estado tenía un plazo de 15 días para observar la autógrafa. Pero no lo hizo, pese a las recomendaciones del Ministerio de la Mujer (Mimp) y la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones nacionales e internacionales.

Con ello, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, o la presidencia de la Comisión Permanente podrán aprobar la referida ley en las próximas horas.

Rechazo

Tras su aprobación en el Congreso, el Mimp rechazó el proyecto de ley y señaló que con él se estaría atentando contras "las competencias del Ministerio de Educación (Minedu)".

“El Congreso de la República aprobó el dictamen del proyecto legislativo denominado Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú, que limita las competencias del Ministerio de Educación para la elaboración de los materiales, textos y recursos educativos y pretende erradicar el enfoque de género en el Currículo Escolar”, señaló el Mimp en un comunicado.

En ese sentido, agregó que el enfoque de género “se presenta como una herramienta metodológica que necesariamente debe ser empleada en el ámbito institucional (y también en el ámbito privado), ya que ayuda a la materialización de las medidas públicas adoptadas para lograr una real igualdad en derechos entre hombres y mujeres”.

Otra institución pública que rechazo la iniciativa legislativa parlamentaria fue la Defensoría del Pueblo que, mediante un pronunciamiento, señaló que se estarían "condicionando" los textos escolares a "las creencias o prejuicios" de un grupo de padres de familia.

"Nuestra institución considera que el condicionamiento de la publicación de materiales educativos al consentimiento previo de progenitores, constituiría un peligroso precedente para todas las políticas públicas, pues institucionalizaría -a través de una ley- un derecho a veto por parte de personas con creencias o prejuicios, generando inestabilidad y falta de seguridad jurídica para la protección de los derechos humanos de las personas, y particularmente, de las y los estudiantes", refirió la Defensoría.

Además, coincidió con lo señalado por el Mimp sobre que se desconocería "el rol rector del Ministerio de Educación (Minedu) para cumplir su mandato de definir la política educativa y pedagógica nacional, pero sobre todo lo limitaría en la definición de los contenidos educativos".

Preocupación Internacional

Asimismo, organizaciones internacionales solicitaron al Ejecutivo observar la ley del Parlamento. Tal fue el caso de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, a través de su Comité de Expertas, manifestaron su preocupación al respecto.

"El Comité de Expertas [...] expresa su preocupación en relación al proyecto de ley 904 [...] aprobado por el Congreso del Perú, por considerar que supone un grave revés para el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación básica de calidad, libre de discriminación y de estereotipos de género", señala un comunicado del organismo.

Por otro lado, Amnistía Internacional (AI) consideró que el proyecto era "una grave amenaza al derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación basada en la igualdad, que garantice su derecho a la educación sexual integral". 

"Esta norma pretende otorgar a determinados grupos de padres y madres de familia la facultad de aprobar o rechazar a discreción materiales educativos, dejando la puerta abierta a que se incorporen dimensiones religiosas y morales en su elaboración. Ello limitaría la implementación de la educación sexual integral y la educación con enfoque de género, imprescindibles para prevenir la violencia de género y avanzar hacia una educación basada en la igualdad", sostuvo AI en un pronunciamiento.