Teniente, Juan Carlos Castro Cuba, solicitó el dinero al dueño de un gimnasio en Cerro Colorado, para no sancionarlo por incumplir las normas de salubridad durante el estado de emergencia.
A cuatro años de cárcel efectiva fue sentenciado el al teniente de la PNP, Juan Carlos Castro Cuba, por pedir una coima de dos mil soles al propietario de un gimnasio del distrito arequipeño de Cerro Colorado a cambio de no imponerle las multas por incumplir las normas de salubridad durante la emergencia sanitaria por la COVID- 19.
Este acto delictivo ocurrió el pasado 17 de setiembre durante un operativo, el propietario del gimnasio optó por grabar los pedidos de coima y denunciarlo ante la Fiscalía Anticorrupción.
El juez Unipersonal para casos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Max Vengoa Valdiglesias, durante la audiencia no aceptó la conversión de la condena a prestación de servicios comunitarios, como pretendía el acusado y el Ministerio Público tras llegar a un acuerdo, por las facilidades que dio y por aceptar el delito.
Para el juez Vengoa la acción del oficial, no sólo vulneró el cumplimiento de una de sus funciones, sino que lo hizo en medio de una emergencia sanitaria para evitar la propagación del COVID-19; poniendo en riesgo a la población al permitir la evasión de las disposiciones prohibitivas y de control.
Durante la audiencia de juicio oral de proceso inmediato, el juez argumentó que la conducta del sentenciado no es razonable por cuanto tiene un nivel de instrucción alto, tenía pleno conocimiento del ilícito que cometía y cuenta con un empleo que lo desvincula de cualquier estado de vulnerabilidad.
El juez Max Vengoa Valdiglesias, aprobó el acuerdo de conclusión anticipada del proceso, propuesto por el Ministro Público y la defensa a partir de la confesión sincera del teniente Castro Cuba.
Sin embargo, no fue suficiente para lograr que la pena se convierta en prestación de jornadas comunitarias de trabajo, al ser el cohecho un delito grave.
El teniente, Juan Carlos Castro Cuba, deberá pagar una reparación civil de 8 mil 500 soles y quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por 10 años.
El magistrado también dictó la orden de captura para su inmediata reclusión en el penal de varones de Socabaya.
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