También insinuó que el magistrado recibió dinero a cambio de emitir la sentencia que lo destituye del cargo de gobernador por su mala gestión ante la COVID-19. La Asociación de Jueces del distrito Judicial de Arequipa mostró su rechazo a estas declaraciones.
Desde la provincia de castilla el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, insultó al juez Luis Eduardo Madariaga, quien dispuso que la autoridad sea destituida del cargo por su mala gestión ante la covid-19.
“Este juez chistoso, ¿Quién lo digita? ¿Quién le paga? Al final esta sentencia no tiene validez a nivel nacional… Señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Perú por favor llame la atención y jale las orejas a ese juez burro que hace quedar mal a los jueces del país”, dijo.
De esta forma Cáceres Llica mostró su descontento con la sentencia emitida ayer por el Juzgado Civil del Módulo de Justicia de Mariano Melgar.
El fallo judicial establece que una vez quede consentida y ejecutoriada, sea el vicegobernador regional, Walter Gutiérrez, quien asuma funciones y se emita copias certificadas el Jurado Nacional de Elecciones para los fines pertinentes.
Esta mañana desde el Gobierno Regional de Arequipa se informó que apelarán la decisión y que recusarán al juez.
Tras los insultos de Elmer Cáceres Llica, la Asociación de Jueces del distrito Judicial de Arequipa emitió un pronunciamiento en el que rechazan los agravios e insinuaciones.
El documento indica que rechazan los insultos en contra de cualquier Juez que en ejercicio de sus funciones expide una sentencia, en el que las partes y demás ciudadanos no estén de acuerdo, existiendo para ello los recursos impugnatorios que prescribe la ley, y que deben ser utilizados en el ejercicio de su derecho a la doble instancia.
También señalan que reconocen en Luis Madariaga Condori su calidad de Juez probo, honesto y de trayectoria impecable, por lo que exhortan a la ciudadanía, a guardar la mesura y respeto que merece cualquier ciudadano.
Finalmente indican que los ciudadanos pueden expresar su desacuerdo con lo resuelto por los órganos jurisdiccionales, en su derecho a la libre expresión, pero respetando siempre el derecho al honor y reputación de las demás personas.
Comparte esta noticia