Para nadie es un secreto las innumerables deudas contraídas por la empresa fundada con el congresista Daniel Salaverry Villa, DSV Constructores, tanto con la Sunat como con sus extrabajadores. Un ejemplo de este último caso, es la abogada laboralista Roxana Paredes Carranza, quien mantiene un proceso judicial en el Sétimo Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el pago de cinco recibos por honorarios, cuya suma ascendía en el 2015 a 8 mil 500 soles.
La abogada señala que en varias ocasiones Salaverry Villa le ofreció cancelar la deuda a través de correos electrónicos, y que tras el inicio de su campaña al Congreso en los años 2015 - 2016, el parlamentario contrajo una serie de deudas y se volvió casi inubicable.
Ante la Sunat, quien figura como representante legal de DSV Constructores es Giancarlo Díaz Azabache. Para la abogada, él una persona sin poder de decisión, debido que la última palabra siempre fue la de Daniel Salaverry.
En unos días, el juez Gabriel Otiniano Campos emitirá sentencia sobre este caso, que relaciona una vez más al actual presidente del Congreso de la República con deudas las cuales, pese a no recaer en su persona, sí afectan a la empresa que él fundo en esta ciudad, y que continúa en manos de gente cercana y de su familia.
