Solo uno de los doce integrantes de organización criminal, Idelso López Vásquez, llevará las investigaciones con comparecencia restringida. Se les acusa de ser responsables del asesinato del exteniente gobernador, Napoleón Tarrillo.
La Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, logró que se dicte 36 meses de prisión preventiva contra 11 de los 12 miembros de la organización criminal “El Gran Chaparral”, investigados por los delitos de usurpación agravada, homicidio calificado y otros.
Tras varios días de audiencias y de escuchar los argumentos fiscales para lograr su detención, la titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, consideró que existen graves y fundados elementos de convicción para adoptar esta medida.
Para la decisión de la magistrada se tomó en consideración las pruebas presentadas por los fiscales, Juan Carrasco Millones, Luis Jaramillo Cubas y Germán Montero Ugaz, como son: las escuchas telefónicas, exámenes periciales de balística forense y los testimonios de diferentes testigos protegidos, sobre los ataques a comuneros de los distritos de Salas y Chaparrí.
La decisión judicial también considera que existen suficientes elementos de convicción por el delito de homicidio, señalando a la familia Cruzado Carranza como responsable del asesinato del exteniente gobernador del sector El Mirador de Chongoyape, Napoleón Tarrillo Astonitas.
Detenidos.
La medida recae en Hipólito Cruzado Rafael (a) “Tronco mayor” y sus hijos Adán, Jorge, Casimiro y Jeiner Cruzado Carranza.
Además, Víctor Daniel Flores López, Agustín Núñez Vera, Blanca Esmira Alarcón Centurión, Saúl Altamirano Vásquez, Elías Delgado Castro y el interno José Antonio Maluquis Pinedo, quienes fueron recluidos en el establecimiento penitenciario de Chiclayo mientras continúan las investigaciones.
Igualmente, se dictó comparecencia con restricciones para el investigado Idelso López Vásquez.
Como se recuerda, los investigados fueron detenidos el pasado 26 de octubre en un mega operativo que incluyó el allanamiento, descerraje e incautación en 18 viviendas en las ciudades de Chiclayo, Jaén, Lima, y una celda del penal de Chiclayo.
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