Se entregaron, a la Primera Fiscalía Supra Provincial, más de 3 mil folios con pruebas sobre estas acciones.
Las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas que se realizaron entre 1996 y 2000, acusarán de manera formal ante el Poder Judicial al ex presidente Alberto Fujimori como la presunta persona que dio la orden directa para esta práctica, sostuvo la parlamentaria andina Hilaria Supa.
Vamos a acusar al ex presidente (Alberto) Fujimori de estas esterilizaciones porque él fue (presuntamente) quien dio la orden para que se operen a las mujeres como si fueran animales”, aseveró Supa en declaraciones a la agencia Andina.
Fue tras encabezar esta tarde la entrega, por parte de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco (Amaefc), de más de 3 mil folios con pruebas sobre acciones de esterilizaciones forzadas, a la Primera Fiscalía Supra Provincial a cargo del caso.
Supa instó al fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales para que emita las istructivas correspondientes a fin de que este caso sea investigado y se eleve a nivel de acusación contra todas las personas que estuvieron involucrados en esta práctica.
“Que estos hechos sean denunciados ante la justicia y que no queden impunes y que la justicia castigue tanto a Fujimori como a sus ministros. Para eso existen pruebas y testimonios de casos que incluso llevaron a la muerte”, manifestó.
Las evidencias forman parte de la investigación que desde el 2002 realizó la Comisión Especial constituida por el Ministerio de Salud para investigar las esterilizaciones contra la voluntad de las afectadas, la mayoría mujeres campesinas.
Las denuncias de las víctimas permitió que el 21 de octubre de 2011, la Fiscalía de la Nación ordenara la reapertura de la investigación sobre las esterilizaciones forzadas a más de 300,000 mujeres en el Perú.
Las afectadas denunciaron los hechos desde 1998 y llegaron a Lima en 2001 para hacer públicos sus casos. Ellas se han agrupado en Amaef Cusco y han logrado acopiar más de 3,000 folios que sustentan el Informe Final de la comisión especial 2001-2002, cuyos originales están en el Ministerio de Salud.
Las representantes de las mujeres afectadas sostendrán también reuniones con la Defensoría del Pueblo, el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría Supranacional, la Vicepresidencia del Parlamento Andino y otras instancias del Estado.
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