Según informe de "Cuarto Poder", el helipuerto no habría sido declarado ante el MTC y testigos señalan que habría sido construido con maquinaria de la Municipalidad de Tacabamba.
El programa Cuarto Poder reveló ayer que el Presidente de la República, Pedro Castillo, habría dispuesto la construcción de un helipuerto informal, para su uso exclusivo, en la casa de sus padres en Tacabamba, distrito de Chota, y que éste se encuentra funcionando desde el pasado abril sin haber sido declarado ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La informalidad de esta construcción permitiría que el jefe de Estado llegue al lugar o salga sin que haya registro alguno, con lo cual se vulnera, entre otras normativas, la transparencia en los actos del Presidente.
Contradicciones
Según el reportaje, Rodolfo Idrogo, secretario de prensa del Palacio de Gobierno, indicó que la obra es “un terraplén realizado a solicitud de los familiares del Presidente y vecinos con fines múltiples para la comunidad”. Asimismo, detalló que no habría inversión estatal en la edificación.
Sin embargo, el alcalde de Tacabamba, Walter Agip, señaló que este helipuerto no es parte de las obras de su gestión y que desconoce quién realizó la edificación. Además, precisó que habría sido realizada “en una propiedad privada" y, por eso, "se puede construir lo que al dueño le plazca”. También estimó que la obra no habría sido muy cara.
"Yo creo que, a lo mucho, para explanarte un espacio se utiliza una máquina un día. No te va a costar mucho. Supongo que, más o menos, 8 horas. Estamos hablando de S/2'000" sostuvo al referido medio.
No obstante, vecinos de la zona indicaron que la maquinaria utilizada para la edificación del helipuerto, un cargador y un rodillo, pertenecía a la Municipalidad de Tacabamba y se habría construido en una semana.
Nuevas investigaciones
El exministro de Defensa, Pedro Cateriano, consultado para el citado reportaje, señaló que, de corroborarse que la obra se realizó a pedido del Presidente para fines privados, podría ser investigado por el delito de peculado al existir una posible "malversación de fondos".
En ese sentido, consideró que la Procuraduría General de la República debería iniciar una investigación de estos hechos.
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