Proética: Denuncias contra Pérez y Vela "siembran incertidumbre y obstaculizan su trabajo"

El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró que las denuncias contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, además del juez Richard Concepción Carhuancho, son una “espada de Damócles”, pues siembre incertidumbre y pone trabas en su trabajo.

Según explicó, estas acusaciones no tienen sentido y están relacionadas a la mala costumbre de abrir investigaciones por cualquier denuncia. Agregó que se trata de una reacción de quienes son investigados por estos funcionarios.

“Las denuncias sin sentido lo que hacen es sembrar incertidumbre, afectan la tarea que estas personas deben realizar, las distrae de su función y ante la opinión pública genera la idea de que de pronto estamos asistiendo a una suerte de reacción de quienes se ven amenazados o en situación de poder ser descubiertos por una conducta comprometida con cuestiones de corrupción”, dijo a la agencia Andina.

Límite a denuncias

Agregó que para evitar más situaciones de este tipo, es necesario poner un límite a las denuncias sin sentido que también pueden afectar a la ciudadanía. Agregó que la revisión de este tipo de procedimientos podría formar parte de una reforma integral del Ministerio Público.

“También los ciudadanos tenemos que enfrentar con mucha frecuencia denuncias descabelladas que terminan siendo acogidas por meses y años hasta que se archivan, hay que estar atento y prevenidos”, comentó.

Investigaciones

La Fiscalía Suprema de Control Interno inició este jueves una investigación preliminar contra el fiscal coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, por un escrito al exjefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, Alonso Peña, quien le acusa de haber tenido la intención de desprestigiarlo.

Además, la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició una investigación preliminar contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez y el juez Concepción Carhuancho, por presuntamente haber cometido el delito de abuso de autoridad en el allanamiento a las oficinas del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.