El Congreso tiene pendiente iniciar los debates de la Comisión Lava Jato y definir en la Comisión de Constitución lo referente a la consulta popular.
El Congreso tiene pendiente iniciar los debates de la Comisión Lava Jato y definir en la Comisión de Constitución lo referente a la consulta popular. | Fuente: Andina

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La semana que comienza será decisiva para enrumbar las energías de nuestro país hacia más soluciones y menos división. Por lo pronto, este lunes sesiona el consejo ejecutivo del Poder Judicial y comienza el debate de los primeros informes de la Comisión Lava Jato, referidos al hospital regional del Cusco, el Centro de Convenciones de Lima y la carretera interoceánica. Cuando se aprueben sabremos si el largo esfuerzo desplegado responde al principio “Caiga quien caiga” o si el Congreso añadirá un nuevo ejemplo a la larga lista de oportunidades perdidas.

Al mismo tiempo la Comisión de Constitución deberá hallar una salida técnica a la voluntad política de favorecer una reforma de la Justicia que cuenta hoy con amplio respaldo popular. Por si hicieran falta más indicaciones de lo que está en juego, nuevos audios evidencian las influencias que se ejercieron para favorecer cambios en el Tribunal encargado de uno de los juicios más importantes por lavado de dinero del narcotráfico, el caso Sánchez Paredes.

También el Ejecutivo tiene una semana crucial, pues se avecina el plazo para concluir el proyecto de Presupuesto 2019, traduciendo a cifras las prioridades de su acción. Ahí sabremos cuánto se asigna para enfrentar las graves necesidades en materia de salud pública, educación y programas para erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres.

También el Tribunal Constitucional está llamado a tomar decisiones necesarias para precisar los términos de la relación entre el Estado y los ciudadanos. La llamada Ley Mulder, ¿viola o no nuestra Constitución al limitar la libertad de expresión y discriminar entre medios privados y medios públicos? Esa es la pregunta que tanto el Ejecutivo como un grupo de congresistas han sometido a los jueces constitucionales, que sesionarán este viernes en Arequipa. De su respuesta depende la eficacia de la difusión de políticas públicas, precisamente en materias como salud, educación y seguridad ciudadana.

Y por si fuera poco, entramos a una semana que definirá la credibilidad de las elecciones del 7 de octubre. Miembros cuestionados de los jurados electorales, precariedad institucional en la ONPE y graves denuncias hacen temer que las fuerzas políticas no se hallen en igualdad de condiciones.

En cada uno de los desafíos que nuestro país enfrenta subyace la misma pregunta: ¿De verdad queremos perfeccionar nuestro Estado de Derecho, o nos resignamos a vivir en un país en el que los más inescrupulosos se aprovechan de las brechas de la ley, de la codicia de algunos y de la indiferencia de la mayoría?

Estamos también pendientes de una decisión que parece una metáfora de nuestros problemas: el Poder Judicial podría expulsar de su actual sede nada menos que al Archivo de la Nación, despreciando nuestra memoria escrita, es decir los documentos que dan fe de lo que somos como sociedad organizada. ¿Cuál es el apuro por ganar más espacio físico, en desmedro de otras instituciones públicas, cuando lo que necesitamos es un Poder Judicial que ocupe plenamente el lugar que le corresponde en el corazón de la vida nacional: dar garantías de que la ley es igual para todos y que nadie se halla por encima de ella?

El economista Richard Webb nos exhorta a “salir del barro” y cita en El Comercio estudios que rompen prejuicios sobre la realidad de Estados Unidos: son ciudadanos de los estratos más altos los que respetan menos a los peatones y pagan menos sus impuestos. Por ahí comienza la afirmación del Estado de Derecho: pagar impuestos y respetar los derechos de los demás, en las calles, en las familias, en las empresas, en las urnas y en los tribunales.

Las cosas como son.