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por Sergio Espinoza
·Se trata de tres investigaciones que recaen sobre el titular del Parlamento, Alejandro Soto, entre ellos el supuesto uso de sus asesores para mejorar su imagen en las redes sociales.
Con 17 votos a favor, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad las tres denuncias de oficio que establecen el inicio de investigaciones preliminares contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso).
Los casos están vinculados a la supuesta contratación de la hermana de la madre del hijo de Soto Reyes, el voto a favor de la ley que cambió los plazos de suspensión para la prescripción de delitos, un mecanismo que lo habría favorecido en un juicio oral por estafa; así como el uso de sus asesores para mejorar su imagen política en las redes sociales.
Luego de la sesión extraordinaria que se realizó esta mañana, el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, destacó que los votos por unanimidad demuestran que desde el Parlamento hay intención de investigar a su titular.
🔴 #EnVivo | Por UNANIMIDAD, se APRUEBA iniciar indagación preliminar en contra del Congresista Alejandro Soto, por presunto beneficio de la Ley 31751 pic.twitter.com/fuUyFimFOL
— Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) August 31, 2023
“Los tres casos se han visto de oficio en la comisión. Si hay algún otro punto, los congresistas están en libertad de presentar [otra denuncia]”, declaró a RPP Noticias.
“Se ha demostrado con los votos por unanimidad que hay voluntad de que el tema se investigue. Estoy seguro de que vamos a ir hasta el final”, agregó.
Sanción
Días previos a la sesión extraordinaria del mencionado grupo de trabajo parlamentario, Bazán estimó que el proceso tardaría cerca de tres meses y comentó que, si Soto Reyes es sancionado por alguno de los tres casos, solo se podrá emitir un informe final que recomendaría sancionarlo, como máximo, con 120 días de suspensión sin goce de haber.
Es menester precisar que el titular del Congreso, electo el 26 de julio del presente año, afronta una investigación fiscal por el presunto delito de concusión, así como un juicio oral por reparación civil de más de un millón de soles en favor de la empresa de transportes Turístico Waynapicchu S.A.
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