El abogado señaló que todos los congresistas que no asumieron la orden judicial, que suspendía la elección del nuevo Tribunal Constitucional, han cometido un delito penal.
El abogado César Azabache, exprocurador anticorrupción, consideró que la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional debería transferirse a la Junta Nacional de Justicia o, de lo contrario, reinstalar el Senado y tener otra vez un Congreso bicameral.
“Creo que es momento de notar que la evidencia, el modo en que ocurren las cosas, dejan claro que el proceso de elección de jueces constitucionales en un Congreso unicameral no funciona”, expresó en Ampliación de RPP Noticias.
Azabache sostuvo que en “los parlamentos bicamerales la interacción entre el Senado y diputados genera espacios de equilibrio y maduración reflexiva que el Congreso unicameral nunca tiene”.
“De hecho, en los congresos bicamerales, quien normalmente asume el proceso de este tipo es el Senado, que tiene un conformación distinta, muchísima más reflexiva, y al que se llega luego de una larga carrera política, que el Congreso unicameral más uno que tiene esta extraña cláusula de no reelección, no logra generar”, precisó.
Respecto a la resolución del Poder Judicial que ordenó al Congreso suspender la elección del nuevo Tribunal Constitucional, Azabache explicó que como Congreso unicameral, este debe “admitir que la única manera de controlar sus actos es judicializarlos”
“Si no puede ser controlada judicialmente, entonces no puede ser controlada de ninguna manera”, indicó e insistió con la necesidad de un Congreso de dos cámaras: “En un bicameral sería controlado por la interacción entre las dos cámaras”.
CONSECUENCIAS
El letrado recalcó que el no asumir la orden judicial tiene “consecuencias penales” para todos los que hayan participado de la votación.
“Hay que recordar que el Congreso no es una persona jurídica, es un espacio constitucional en el que el Poder Legislativo se ejerce por los congresistas elegidos uno por uno.
Todo el que ha votado porque se continúe con un proceso que un juez ha ordenado suspender ha cometido un delito”, manifestó.
“Es un delito de función porque se ha perpetuado desde el asiento del congresista”, concluyó César Azabache.
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