Comisiones en el Congreso: ¿Cuáles son los antecedentes de los presidentes propuestos?

En medio de lo llamativo que fue el (tardío) nombramiento de los ministros del gabinete de Guido Bellido y los mediáticos y cuestionados nombramientos de funcionarios públicos, durante los primeros días del gobierno de Pedro Castillo se libró una batalla en otro frente, el Congreso, que en principio no fue tan evidente, pero que finalmente fue igual de importante: la repartición de las presidencias de las comisiones ordinarias de trabajo.

Si en el aparato público se nombraron funcionarios que tuvieron que ser removidos por no cumplir con ciertos requisitos profesionales mínimos, e incluso por no tener un perfil ético positivo, en el Congreso se han propuesto para presidir las comisiones a congresistas con condenas penales y civiles, investigaciones en curso, envueltos en escándalos y hasta con determinados sesgos con respecto al grupo de trabajo que lideran. 

Antes de repasar los cuestionamientos nombre por nombre, es preciso mencionar por qué son importantes las comisiones ordinarias en el Congreso y por qué sus presidencias se han disputado entre Perú Libre (la primera minoría de un Parlamento con 10 bancadas), Fuerza Popular y las demás organizaciones, incluso motivando la visita del presidente Pedro Castillo a la presidenta del Congreso María del Carmen Alva para pedirle que, por favor, reconsidere entregarle el liderazgo de la comisión de Educación a Perú Libre.

¿Por qué son importantes las comisiones del Congreso?

Las comisiones ordinarias del Congreso son grupos de trabajo divididos por especialidad (Salud, Educación, Constitución, etc.) conformados por congresistas que tienen principalmente funciones: legislar y fiscalizar. En ese sentido, los Proyectos de Ley que proponen los congresistas, e incluso aquellos sugeridos por el Ejecutivo, pasan por estas comisiones para ser estudiadas, analizadas y evaluadas pidiendo opinión incluso a instituciones públicas sobre los proyectos en materia. Luego los miembros votan a favor o en contra.

"Es a partir de esto se generan dictámenes que se votan para luego, si son favorables, pasar al Pleno del Congreso", comenta la politóloga Katherine Zegarra. Al ser un filtro de Proyectos de Ley, Zegarra agrega que sí se debería tener en cuenta la experiencia del presidente o integrantes de la comisión al momento de conformarla. "Lamentablemente lo que vemos es que muchos parlamentarios no están especializados en ciertos temas o algunos de ellos tienen conflictos de intereses o una agenda que no necesariamente es a favor del bien común".  

¿En quién recae la responsabilidad? Básicamente en el propio Congreso. Las comisiones se definen por votos y, aunque la bancada de Perú Libre tiene la mayoría de congresistas, el bloque de oposición la supera, por lo que el partido fundado por Vladimir Cerrón se quedó sin comisiones claves. "Es muy importante, en el marco de la formulación de las normas, que las comisiones tengan un trabajo serio y que además sean dirigidas por personas que conozcan de la materia y que tengan un perfil lo más neutral o técnico posible", comenta, por su parte, la politóloga Paula Távara. "Siempre es ideal que estas comisiones sean lo más probas posibles y lo más competentes, que haya un nivel de competencia entre quienes la conforman y el tema que trabajan", añade.

Dicho esto, ¿a quiénes se ha propuesto en las presidencias de las comisiones y cuáles son sus perfiles?

¿A quiénes tenemos en las presidencias de las comisiones?

Hasta el cierre de este informe, Perú Libre no ha definido las presidencias de sus 8 comisiones en el Congreso (Ciencia, Innovación y Tecnología, Comercio Exterior y Turismo, Cultura y Patrimonio Cultural, Inclusión Social y Personas con Discapacidad, Mujer y Familia, Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología).

Fuerza Popular es, después del partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, la organización que tiene más presidencias de comisiones: lidera 4.

Comisión Agraria

En la presidencia de este grupo estaría Vivian Olivos, congresista que declaró en su hoja de vida como candidata haber sido sentenciada por falsificación de documentos en 2015. La pena fue de 3 años de pena privativa de la libertad en modalidad suspendida.

Comisión de Fiscalización

En la presidencia de este grupo se instalaría Alejandro Aguinaga, acusado por la fiscalía e investigado por el caso de las presuntas esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, en el que se desempeñó como ministro de Salud. También formó parte del escándalo del ‘Vacunagate', en el cual personas se vacunaron anticipadamente a finales de 2020. Aguinaga ha dado sus descargos y asegura que formó parte del estudio como consultor, aunque no ha querido brindar detalles de su consultoría.

Comisión de Relaciones Exteriores

Esta comisión tendría al frente al biólogo Ernesto Bustamante, quien manifestó declaraciones erróneas sobre la vacuna Sinopharm cuando se empezó la vacunación en el Perú.

Además del aspecto técnico o ético que se debería considerar para presidir una comisión, tenemos el aspecto político para la designación de esta responsabilidad. "Lo que también [debemos tener en cuenta] es la posición política que tienen los miembros o las presidencias de las comisiones y su relación con el Ejecutivo. Estoy pensando, por ejemplo, en que tener a alguien que es absolutamente opositor de cualquier política del gobierno en las comisiones más trascendentes puede hacer que se bloqueen las políticas propuestas", sostiene Paula Távara.

Comisión de Vivienda y Construcción

La presidencia de esta comisión la tendría Acción Popular. Al frente estará Darwin Espinoza, quien fue denunciado por difamación de por un miembro de su propio partido, el exparlamentario Otto Guibovich. 

Comisión de Transportes y Comunicaciones

En este grupo Alianza Para el Progreso colocaría a Alejandro Soto, congresista que ha declarado tener una sentencia por difamación. En el ámbito civil, además, tuvo una demanda fundada por temas contractuales.

Comisión de Defensa del Consumidor

En esta comisión tendríamos a José Luna Gálvez, del partido Podemos. A este congresista la Fiscalía le atribuye ser parte de una organización criminal. Asimismo, estuvo en arresto domiciliario antes de ser congresista.

Comisión de Inteligencia

El legislador de Renovación Popular, José Cueto, lideraría este grupo de trabajo. Él fue incluido, junto con su colega Jorge Montoya, en una investigación por el presunto delito de sedición por la presunta comisión de los delitos de conspiración para sedición y perturbación de la tranquilidad pública, al incitar a desconocer los resultados de la segunda elección presidencial que favorecían a Pedro Castillo. Ambos fueron citados a ofrecer sus descargos a inicios de este mes.

Comisión de Educación

Esta comisión estaría presidida por el congresista Esdras Medina, un activista contra la supuesta ideología de género. 

¿Cuánto afecta la forma de pensar de un congresista que lidera una comisión tan importante como Educación, a las políticas públicas que se puedan plantear desde el parlamento? Katherine Zegarra comenta: "En el caso de la Comisión de Educación, probablemente este parlamentario no priorice en la discusión aquellos Proyectos de Ley que tienen que ver con la promoción del enfoque de género en el currículo educativo, sino buscaría apoyar la discusión de proyectos de ley que van en contra de él".

Aunque no hay requerimientos oficiales mínimos para convertirse en presidente de una comisión, el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, indica que siempre se debe aspirar a convocar a personas aptas para estas tareas. "Así como el Congreso tiene la potestad de designar quiénes dirigen las comisiones, igual el Gobierno. Pero en ambos casos se requiere que las personas sean idóneas. Y eso implica que cumplan con las condiciones mínimas para desarrollar una labor adecuada. Por ejemplo, que no tengan conflictos de interés, antecedentes cuestionables en relación a la posición que van a ocupar, etcétera".

El balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo también depende del nivel que demuestran los funcionarios que componen cada uno de ellos.