El dictamen aprobado sin debate en el Pleno modifica los códigos Penal y Civil para "sancionar la utilización indebida de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva"
El Congreso de la República aprobó ayer, jueves, en su sesión plenaria, el proyecto legislativo que propone incrementar penas a los delitos de difamación y calumnia realizados a través de medios de comunicación.
El dictamen fue aprobado sin debate, en primera votación, con 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones. La segunda votación se realizará dentro de 7 días calendario.
Dicho dispositivo, según señala, tiene como objetivo el incremento de sanciones "por la utilización indebida de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva".
Sustentación
La iniciativa legislativa fue presentada el 19 de agosto del año pasado por el parlamentario Segundo Montalvo Cubas, de Perú Libre, y fue aprobada por mayoría en la Comisión de Justicia del Congreso, el último 12 de abril.
La sustentación en el Pleno estuvo a cargo de Américo Gonza (Perú Libre), en su condición de presidente de la mentada comisión legislativa.
En su exposición, alegó que el planteamiento es aumentar las penas por los referidos delitos y que tenga como resultado un pago por el perjuicio de los derechos fundamentales de la persona.
“Se busca que se repare de manera integral cuando es mancillado el honor de una persona, pues el daño a veces es irreparable", indicó.
"El Estado ha hecho innumerables esfuerzos para implementar estrategias y mecanismos encaminados a la protección de los derechos fundamentales del individuo, pero no han sido suficientes a lo largo de los años”, agregó.
Cabe resaltar que el proyecto establece modificaciones al Código Penal para elevar entre 120 y 365 días-multa la sanción por el delito de calumnia, y pena privativa de la libertad "no mayor de cuatro años, con 90 a 120 días-multa" por el delito de difamación, además de "reparación civil en favor del querellante".
También modifica el Código Civil para establecer indemnizaciones obligatorias para aquel que "atribuye a una persona, un delito, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor".
Organizaciones de prensa se pronuncian
Al respecto, la presidenta de la Asociación de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, señaló que estas iniciativas parlamentarias buscan coactar a la prensa y que, el proyecto referido a la difamación, busca amedrentar a los y las periodistas.
Desde la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), hemos calificado el proyecto de ley (...) como desmedido, inhibitorio y contrario a la libertad de expresión, porque lo que se pretende es justamente convertir en cárcel efectiva lo que podría resultar una sentencia por el tema de difamación", sostuvo.
En ese sentido, consideró que una denuncia por difamación es, en realidad, una excusa para detener investigaciones periodísticas.
"Nosotros, desde la ANP, hemos señalado que esta es una estrategia que muchas autoridades o personas que ejercen la función pública, lamentablemente, utilizan para amedrentar o para querer desvirtuar investigaciones que revelan los periodistas", subrayó.
Por su parte, Roberto Pereira, abogado constitucionalista y asesor del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), indicó que dicho proyecto plantea modificaciones “carentes de rigor técnico por innecesarias".
“La misma crítica es aplicable a la propuesta de modificar el artículo 1969 del Código Civil que regula la responsabilidad civil extra contractual, para abundar que también se genera este tipo de responsabilidad en los casos de los delitos de calumnia y difamación”, sostuvo.
Asimismo, sobre el incremento de las penas, indicó que se hizo sin ofrecer explicaciones técnicas ni razonables para ello.
“En esa línea, lo más grave por peligroso es que está proponiendo la posibilidad de pena de cárcel efectiva en los casos de difamación a través de medios de comunicación social, redes sociales o internet en general”, resaltó.
"De aprobarse (...), el Estado incurría en responsabilidad internacional y se generaría un claro retroceso en la garantía de la libertad de expresión", agregó.
Te recomendamos
Comparte esta noticia