Sin dar nombres, el presidente del Congreso dijo que “es fácil darse cuenta de quiénes se sienten incómodos”. Además, aseguró que se ha demostrado "que no existe persecución política en nuestro país”.
El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró que “es evidente” que las decisiones que está tomando en su cargo al frente del Legislativo “incomodan a algunos miembros de Fuerza Popular”.
Sin dar nombres, el presidente del Congreso dijo que “es fácil darse cuenta de quiénes se sienten incómodos”. “Quiere llevarme a que diga nombres y no lo voy a hacer, (...) pero soy presidente de 130, no de 61”, dijo en entrevista a El Comercio.
Salaverry -quien está de licencia de Fuerza Popular- negó que vaya a renunciar a su cargo, tras la denuncia periodística que da cuenta de presuntos informes falsos de sus labores de representación.
“Estoy haciendo lo que corresponde, mis puertas están abiertas para quien quiera despejar interrogantes. No voy a caer en el juego de quienes se sienten afectados por mis decisiones y me quieren lejos”, sentenció.
“Si se trata de hacer demagogia y decir que voy a recortarme el sueldo, no soy un demagogo. Yo quiero transparentar la gestión, convoqué a la Contraloría, publiqué todos los acuerdos de la mesa anterior, hay una aplicación para que los ciudadanos vean lo que piden los congresistas”.
Sobre la denuncia que involucra a su exasesor Geanmarco Quezada, el legislador dijo sentirse “sorprendido e indignado”. “Que quede claro que ese informe no sirve para justificar el uso de los recursos”, apuntó.
Al ser consultado por la denuncia contra el fujimorista Moisés Mamani, Salaverry sostuvo: “Es un caso sensible y la población quiere sanciones drásticas, pero hay un Reglamento que impide correr con la velocidad que nos gustaría”.
El caso García
Daniel Salaverry también comentó el caso del expresidente Alan García, a quien Uruguay le negó el asilo este lunes. Para el titular del Congreso, “el tiempo nos ha demostrado que no existe persecución política en nuestro país”.
“Lo que están haciendo las instituciones que persiguen el delito es simplemente su trabajo. Fue una decisión autónoma del Gobierno de Uruguay”, remarcó el exfujimorista.
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