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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que recomienda admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra Dina Boluarte y otros, por los presuntos delitos de “homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves”.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó este viernes el informe de calificación que recomienda admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte, por las muertes ocurridas durante el estallido social que inició en diciembre del 2022.
Dicho informe se refiere a la Denuncia Constitucional N° 509 presentada por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, el pasado 30 de julio, en la que señala a la jefa de Estado y a varios de sus ministros por la presunta comisión por omisión de los delitos de “homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves”, los cuales habrían tenido como saldo 44 fallecidos y 116 heridos.
La denuncia también alcanza a los expresidentes del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y Alberto Otárola, a Jorge Luis Chávez Cresta, exministro de Defensa; y a César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, exministros del Interior, como supuestos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los derechos humanos.
El referido informe fue aprobado con 13 votos a favor, 5 en contra y cero abstenciones. Los votos a favor fueron de María Acuña (APP), Jorge Montoya (Honor y Democracia), Patricia Chirinos (Avanza País), Diego Bazán (Renovación Popular), Ariana Orué (Podemos), Flavio Cruz (Perú Libre), Américo Gonza (Perú Libre), Jorge Coayla (Juntos por el Perú - VP), Esdras Medina (Renovación Popular), Luis Aragón (Acción Popular), Elvis Vergara (Acción Popular), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), y José Jerí (Somos Perú).
Los votos en contra fueron de los congresistas de Fuerza Popular, Víctor Flores, Nilza Chacón, Martha Moyano, Luis Ventura; y de la parlamentaria Nelcy Heidinger (APP).
Fundamentos
Según sustentó el abogado Juan Pablo Pineda en la SAC, la jefa de Estado no habría cumplido "con los deberes funcionales asignados a su cargo, como la obligación de garante de la vida de la población que participaba o se encontraba durante las protestas sociales que se llevaron a cabo en varias regiones del país, desde el 7 de diciembre del 2022, a causa de su asunción al mandato presidencial".
"[Dina Boluarte] tenía autoridad sobre altos mandos militares y policiales en dichas protestas; asimismo, tuvo conocimiento del inicio de su mandato sobre las protestas sociales y su intensificación, recibiendo información de medios de inteligencia, mandos policiales y militares, así como en sesiones de Consejo de Ministros. Asimismo, fue informada del uso excesivo y letal de la fuerza por las fuerzas del orden, lo que resultó en muertes y lesiones", indicó el jurista.
"Además, participó en reuniones de Consejo de Seguridad de Defensa Nacional sobre el estado de emergencia, confirmando su conocimiento directo de la situación, por lo que se deduce que tenía conocimiento o debía saber sobre las violaciones de derechos humanos y las acciones de las fuerzas del orden en las protestas, así como también se valida en declaraciones de altos mandos y directores de inteligencia que confirmaron que Dina Boluarte recibía información sobre la situación social conflictiva durante su gestión", agregó.
Asimismo, se indicó que, en su calidad de presidenta, "tenía la autoridad para dirigir el sistema de defensa nacional y supervisar el empleo de las FF.AA. y la PNP, debiendo garantizar que actuaran dentro de la ley y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos".
"Dina Boluarte, como presidenta, habría omitido tomar medidas dentro de sus competencias para evitar el uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte de la Policía y las FF.AA. durante las protestas, pese a su deber de garante de la vida e integridad de la población y tener pleno conocimiento de estos hechos, según la denuncia constitucional del Ministerio Público", puntualizó Pineda.
En cuanto a los miembros de sus Gabinetes implicados en la denuncia, se señaló que "testigos" confirmaron que les "informaban sobre los hechos de las regiones", por lo que "tenían conocimiento de cómo se afectaban los derechos humanos, a través de informes oficiales de inteligencia, canales oficiales y medios de comunicación".
¿Qué hechos denunció la Fiscalía de la Nación?
Dina Boluarte y los referidos exministros son señalados por la Fiscalía como presuntos autores de los delitos de homicidio calificado, a título de comisión por omisión impropia en agravio de Cristian Álex Rojas Vásquez, un joven de 19 años fallecido en Apurímas, y otras víctimas.
Además, por el delito de lesiones graves por omisión, en agravio de Teófilo Ramírez Ortega, también de Apurímac, y lesiones leves por omisión en agravio de Miguel Ángel Velásquez Chilingano, un joven de 23 años que habría sido herido por un proyectil de arma de fuego en el aeropuerto de Huancabamba, en Andahuaylas. La Fiscalía indicó que habría otras víctimas por ambos delitos.
"Los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas entre el 7 de diciembre del 2022 al 9 de febrero en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad", indicó el Ministerio Público.
"De lo acontecido, se registró 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpe con objeto contundente), y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena, y 5 por otros objetos).
El Ministerio Público precisó que existen 303 carpetas fiscales repartidas entre todas esas regiones, "en las que se viene investigando a 824 personas por hechos vinculados a la presunta comisión de delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte públicos, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicio y lesiones en agravio del Estado y de miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.
📢 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Dina Boluarte y otros, como presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los DD. HH. pic.twitter.com/9i1opIW3EW
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 30, 2024
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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