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Horas antes, la congresista de Renovación Popular se pronunció ante la Comisión de Fiscalización sobre la existencia de una presunta repartición de altos cargos en el Congreso de la República entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP).
El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, le respondió a la integrante de Renovación Popular, Norma Yarrow, quien denunció ante la Comisión de Fiscalización una presunta repartición entre el partido fujimorista y Alianza para el Progreso (APP) a fin de ocupar diversas jefaturas dentro del servicio parlamentario.
Al respecto, indicó que la mencionada legisladora “interpreta mal” que en el Congreso de la República haya “profesionales muy buenos de gran trayectoria que son parte de Fuerza Popular”.
En ese sentido, aseguró que dichos trabajadores vinculados a su partido y que ocupan “algunos cargos de dirección" cumplen “con los requisitos”.
“Tienen trayectoria en el derecho parlamentario, tienen maestría, doctorados, algunos inclusive dictan clases en universidades de prestigio”, mencionó durante una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP.
Héctor Ventura sostuvo, además, que como integrante de Fuerza Popular ha solicitado al presidente de la Comisión de Fiscalización que investiguen “quiénes están ocupando cargos en el Congreso de la República que no cumplen con estos requisitos” y que no son idóneos “para ocupar cargos importantes”.
Esto en relación con lo expresado días atrás por el oficial mayor del Legislativo, Giovanni Forno, quien dijo ante la Comisión de Fiscalización que, si bien fue el responsable de la contratación de Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional de dicha institución, no recuerda quién le entregó su curriculum vitae.
En dicha sesión, el funcionario manifestó, también, que no conocía sobre los antecedentes policiales del ahora investigado por supuestos vínculos con una red de prostitución dentro del Parlamento.
Por ello, el congresista fujimorista exhortó a la Comisión de Fiscalización hacer “una exhaustiva investigación” de cómo se están contratando a algunos funcionarios o trabajadores del Congreso “que no cumplen los requisitos” con el propósito de determinar responsabilidades en el ámbito administrativo, civil o político.
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