Comisión Permanente aprobó ampliar plazo para investigar a Heidy Juárez por presunto recorte de sueldos

La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a fin de que investigue y elabore un informe final sobre la denuncia que pesa contra la parlamentaria Heidy Juárez por un presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.

Con 21 votos a favor, uno en contra y una abstención, se tomó esta decisión en cumplimiento del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República.

“(…) el plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de quince (15) días hábiles, prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales”, precisa el Reglamento.

La Denuncia Constitucional 357, presentada por el ciudadano José Benel Alvarado Rojas y acogida por la legisladora María del Carmen Alva, imputa a Juárez Calle como presunta autora del "delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión, artículo 382 del Código Penal y por la presunta infracción constitucional de los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú".

Denuncias archivadas

Previamente, la Comisión Permanente, presidida por José Williams, decidió enviar al archivo seis denuncias constitucionales. La primera, contra el fiscal supremo Pablo Sánchez por el presunto delito de prevaricato; la segunda, contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos por obstrucción a las investigaciones fiscales; la tercera, contra Henry Ávila en su condición de miembro de la JNJ por una presunta infracción constitucional.

La cuarta denuncia archivada es la que pesaba sobre el expresidente Pedro Castillo, el exprimer ministro Guido Bellido y el extitular de la cartera del Interior Juan Carrasco, por una presunta infracción constitucional; la quinta, contra la exministra de Economía María Antonieta Alva y el expresidente Martín Vizcarra por los presuntos delitos de discriminación, abuso de autoridad y falsedad genérica; y la quinta, también contra Pedro Castillo por una supuesta infracción constitucional del artículo 115 de la Constitución.