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En entrevista en la Rotativa del Aire de RPP , Willy Ramírez mostró su rechazo al dictamen aprobado en la Comisión de Constitución que propone incluir a las autoridades del JNE, ONPE y el Reniec en el procedimiento de acusación constitucional. De ser aprobado, los congresistas podrán acusarlos, sancionarlos y hasta inhabilitarlos por 10 años.
Congreso
Magistrado del pleno del JNE: “[algunos] partidos políticos quieren tomar el poder electoral”
En la Comisión de Constitución se aprobó el dictamen que propone incluir a todas las autoridades del sistema electoral en el procedimiento de acusación constitucional a cargo del Congreso, es decir, de convertirse en ley, este dictamen propone que todos los miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); así como los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), queden a disposición de ser acusados y sancionados por los congresistas.
Willy Ramírez, magistrado miembro del Pleno del JNE, rechazó esta iniciativa legislativa de reforma constitucional que busca modificar el artículo 99 de la Constitución Política peruana.
“No se puede tener sometido al pleno del Jurado Nacional de Elecciones por cuanto las causas que se ven en el pleno están referidas, puntualmente, a los partidos políticos. ¿Y dónde están representadas las organizaciones políticas? En el Parlamento. No podemos estar sometidos al juicio político porque eso vulnera la imparcialidad”, dijo en La Rotativa del Aire de RPP.
Al ser interrogado sobre si algunos partidos políticos que tienen representación en el Congreso quieren tomar el poder electoral, el magistrado respondió: “Yo creo que sí, porque si vamos a estar sometidos al control político, entonces no tendremos independencia”, afirmó.
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¿Se puede revertir la situación?
El magistrado explicó que, de aprobarse la ley, una de las consecuencias directas la recibirá “nuestra debilitada democracia”. “Si los jueces electorales y los jefes de los órganos técnicos van a estar sometidos al control político, pueden ser pasibles de hasta de una inhabilitación por determinadas conductas y ojo, en un juicio político lo que cuentan son los votos [de los congresistas] y esto llama la atención porque hay sendas sentencias de la Corte Interamericana respeto a los administradores de justicia en el sistema interamericano”, expresó.
Por otro lado, dijo que la aprobación de una ley de esta naturaleza nos aproxima cada vez más a un régimen autoritario y eso es una mala imagen para el país con serias repercusiones: “se afectan las inversiones, nuestra imagen ante la comunidad internacional como país democrático se afecta, inclusive nuestros profesionales no van a poder insertarse en el mercado académico porque otros países comenzarán a exigir visados; en fin, son muchas las consecuencias que no se están tomando en cuenta”, aseguró.
En diálogo con El Poder en tus Manos de RPP, el magistrado detalló que, de aprobarse el dictamen, a los miembros del Pleno del JNE solo les quedaría acatar la ley. “Al ser miembros del Estado nosotros mismos no podemos presentar ningún recurso [legal] para frenar el avance [de este dictamen], sin embargo; desde la sociedad civil se pueden presentar acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”.
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Invocación al Pleno del Congreso
El dictamen en cuestión pasará al Pleno para su debate y posterior votación. Por tratarse de una propuesta que modifica la Constitución se requieren 87 votos a favor como mínimo en dos legislaturas consecutivas para su aprobación de forma directa.
En ese sentido, el magistrado Ramírez invocó a los congresistas a anteponer, por sobre todo, los intereses del país pues, con esta iniciativa, se pone en riesgo la imagen del Perú como Estado que respeta la autonomía institucional y la protección del sistema democrático.
“Yo invoco a los señores congresistas a que mediten bien, a pensar en el Estado peruano. Estamos ya en el índice de un régimen híbrido de democracia y es precisamente producto del desbalance entre los poderes del Estado y en las injerencias que [un Poder del Estado] quiere tener sobre el otro. Nuestra Constitución es clara: cada uno de los poderes autónomos tiene su propia función y prerrogativa”, subrayó.
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Maricarmen Chinchay Periodista
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