El parlamentario aprista comentó que hay una "sensación de abandono" en el Ministerio Público y agregó que es necesaria una reorganización dentro de esa institución para evitar futuos enfrentamientos.
El parlamentario del APRA, Mauricio Mulder, se pronunció este jueves que el requerimiento realizado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por una presunta obstrucción en el caso de Keiko Fujimori.
En declaraciones a la prensa, el legislador aprista dijo estar sorprendido por la denuncia planteada por Pérez Gómez y dijo que muestra debilidad institucional dentro del Ministerio Público.
“Nunca he visto en el Ministerio Público que haya denuncia contra fiscales y que digamos entre ellos se estén haciendo denuncias. Eso al parecer lo que está mostrando es una debilidad institucional muy grande”, dijo.
Reorganización dento de la Fiscalía
Consideró también que hay una “sensación de abandono” en la Fiscalía de la Nación, por lo que es necesario iniciar un proceso de reorganización en esa institución para evitar futuras confrontaciones entre fiscales.
“Hay una sensación de abandono, de anomia en el Ministerio Público y esto tiene que pasar por un proceso de reorganización que lleve a que no haya estas guerras”, añadió el parlamentario.
Requerimiento contra Chávarry
El fiscal José Domingo Pérez Gómez presentó un requerimiento el último martes al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por el presunto delito encubrimiento respecto de la investigación contra Keiko Fujimori.
De acuerdo con la denuncia de Pérez Gómez, el fiscal de la Nación quiso frustrar el acuerdo de colaboración con Odebrecht a fin de entorpecer o limitar la investigación contra la excandidata presidencial, quien cumple con los 36 meses de prisión preventiva que le dictó el Poder Judicial.
Por su parte, el fiscal de la Nación consideró que la denuncia de Pérez Gómez “carece de sustento jurídico” y explicó que los delitos que se le imputan por encubrimiento real y personal representan hechos por los que una persona “sustrae de la persecución penal a un procesado o, en su defecto, ocultan evidencia incriminatoria”.
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