Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debate informe final de denuncia contra Pedro Castillo

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) realiza una sesión extraordinaria la mañana de este jueves a fin de debatir el informe final de la denuncia constitucional formulada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el ex presidente Pedro Castillo.

La acusación comprende a Castillo y a los ex ministros Juan Silva y Geiner Alvarado, acusados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, y contra la administración pública en la modalidad de colusión. 

La sesión convocada por la presidenta de la subcomisión, Lady Camones (APP) se desarrolla desde las 8:00 a.m en la sala Miguel Grau Seminario del Congreso de la República.

El encargado de elaborar el informe final fue el congresista Diego Bazán (Avanza País), a quien la subcomisión otorgó cinco días hábiles para la presentación del citado documento, plazo que venció el último martes 27.

El pasado 17 de noviembre, la SAC elevó a la Comisión Permanente del Congreso la denuncia constitucional presentada por Patricia Benavides, contra Pedro Castillo, tras aprobar su admisión a trámite un día antes. Una semana después, el 24 de noviembre, la Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles a la subcomisión para que investigue y presente un informe final sobre este caso

Si el informe preparado por Bazán se aprueba en la SAC pasaría a ser debatido en pleno del Congreso.

Denuncia constitucional contra Pedro Castillo

El último 11 de octubre, la Fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.

La denuncia constitucional alcanza a Juan Silva Villegas, por su gestión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a Geiner Alvarado López, por acciones cometidas como titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Patricia Benavides indicó entonces que la denuncia constitucional se dio como parte del hallazgo de una sospecha fundada en la comisión de dichos delitos en los casos denominados ‘Ministerio de Transportes y Comunicaciones’, ‘Puente Tarata’, ‘Petroperú’ y ‘Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento’.

“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”, señaló en conferencia de prensa.

La titular del Ministerio Público precisó que entre los indicios que sustentan la denuncia constitucional ingresada en el Congreso de la República, se ha descubierto que habría una obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos claves, en el cobro de porcentajes de las licitaciones , así como el uso ilícito de facultades presidenciales.