El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, afronta una moción de censura cuando la Comisión Permanente tiene pendiente examinar la denuncia constitucional contra el fiscal Chávarry.
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Una vez más comenzamos una semana que puede ser decisiva para la estabilidad de nuestras instituciones. El Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público se hallan amenazados por el germen de la división que impide mantener la mirada en los objetivos finales de la política, sin lo cual todo se reduce a mera confrontación entre partidos e intereses.
El telón de fondo es la lucha contra la corrupción. La confrontación ha aumentado el nivel de crispación a partir de la detención preliminar de Keiko Fujimori, acusada de haber recibido dinero de Odebrecht. Su detención se produjo días después de que la Justicia decidiera anular el indulto humanitario de su padre, Alberto Fujimori. Ambas decisiones judiciales han exacerbado la polémica en torno a la permanencia en el cargo del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.
Justamente este lunes, la Comisión Permanente debe examinar la denuncia constitucional contra Chávarry, actuando como segunda instancia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde fue rechazada. Pero entretanto, varias bancadas han decidido plantear una censura a la Mesa Directiva del Congreso por haber manipulado el voto de la ley que permitiría que Alberto Fujimori cumpla detención en su domicilio. Se acusa a Salaverry de haber fraguado el respaldo del vocero alterno del partido APP, pero él sostiene que Richard Acuña le confirmó su firma.
Salaverry utiliza sobre todo un argumento político: la moción es vana porque no cuenta con los votos necesarios y solo va a beneficiar al fiscal Chávarry, cuyo caso no podría ser discutido tal y como está programado. ¿De verdad cree Salaverry que la bancada fujimorista podría modificar su voto favorable al mantenimiento de Chávarry? ¿O utiliza el tema como argumento para defenderse de la minoría parlamentaria? Ese es el problema mayor de nuestra vida política: todo parece reducirse a la mera relación de fuerzas, nada responde a principios y objetivos que trasciendan los bandos y las divisiones.
Mientras tanto, el fiscal Chávarry sigue actuando y sigue generando críticas dentro y fuera de su institución. El fiscal encargado de la lucha el lavado de activos José Domingo Pérez ha reiterado sus cuestionamientos en México. Y en Lima, el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado ha cuestionado que el fiscal de la Nación pueda destituir sin fundamento a fiscales, como ha sucedido con la fiscal Delgado, que venía investigando casos vinculados a pagos ilegales de Odebrecht durante el gobierno de Alan García.
En este clima, pocos prestan atención a las malas cifras sobre nuestro crecimiento económico: apenas 2.25% durante el mes de agosto. Con esa modesta tasa no podremos aumentar la recaudación, ni reducir la pobreza, ni crear puestos formales de trabajo. Para eso necesitamos instituciones que funcionen. Pero lo que escuchamos con más frecuencia es especulaciones sobre “golpes de Estado”.
Necesitamos estabilidad y respeto a las instituciones para procesar las nuevas revelaciones que se esperan esta semana y que en vez de dividirnos sirvan para combatir la corrupción. La estabilidad no se garantiza porque el presidente Martín Vizcarra haya subido en las encuestas. Esa subida se explica por su identificación con el descontento de la población, pero lo que se espera de él no solo es identificación, sino que halle soluciones al descontento.
Unas palabras de homenaje al obispo Óscar Romero, que desde ayer es un nuevo santo latinoamericano. Fue asesinado mientras celebraba misa en 1980. Su martirio fue la expresión mayor de la violencia que atravesó El Salvador antes de entrar a su actual período de estabilidad democrática.
Las cosas como son.
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