Entre el 2021 y el 2026, los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República recibirán aproximadamente 77 millones de soles mediante la ley de financiamiento público directo. La ONG Vigilancia Ciudadana analizó las rendiciones de cuenta que las organizaciones han entregado a la ONPE hasta el momento y encontró presuntas irregularidades en el uso de este dinero.
Los partidos políticos que fueron elegidos para el Congreso de la República en el periodo 2021-2026 presentan presuntas irregularidades en el manejo del dinero que les otorga el Estado a través de la ley de financiamiento público directo, sostuvo en un informe de la ONG Asociación Civil Vigilancia Ciudadana.
La investigación se realizó entre julio y diciembre del 2022. Se revisaron las rendiciones de cuentas que realizaron ante la ONPE los siguientes partidos: Somos Perú, Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Juntos por el Perú, Partido Morado y Avanza País. Acción Popular no fue incluido, pues recibió el dinero luego del periodo en el que se hizo la investigación, detalló la asociación.
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Las principales irregularidades son la contratación de proveedores por parte de los partidos políticos, indica Margarita Díaz, directora ejecutiva de Vigilancia Ciudadana.
Financiamiento a procesados o condenados
Margarita Díaz Picasso, diretora de la ONG Vigilancia Ciudadana, explicó su informe en Ampliación de Noticias. Uno de los hallazgos principales, aseguró, es que partidos como Perú Libre y Fuerza Popular destinaron su dinero a personas procesadas y/o sentenciadas.
Según el informe, Perú Libre le pagó S/ 129 mil en el 2022 a Vladimir Cerrón, sentenciado por colusión en agravio del Estado, mediante el concepto de ser el "secretario general del partido". Mientras que Fuerza Popular hizo lo propio con Pier Figari, investigado por lavado de activos, que recibió 53 mil soles por ser "asesor en formación, capacitación e investigación".
Si bien, la norma de financiamiento público directo no tiene ninguna prohibición expresa sobre a quiénes se asignan estos recursos una vez entregados a los partidos, debe existir una valla ética por parte de los partidos en la asignación del dinero, señaló Díaz Picasso.
"Las personas que están procesadas o condenadas por delitos en agravio del Estado no deberían recibir este financiamiento. Esto debe ser una modificación legislativa", apuntó.
Según el reporte presentado por Margarita Díaz Picasso en Ampliación de Noticias, también se encontraron presuntas irregularidades en la contratación de proveedores por parte de los partidos.
"Tenemos el caso de empresas creadas pocos meses antes de que se entregue el recurso. Entonces, ¿de qué tipo de experiencia o de capacidad hablamos si pareciera que se crean expresamente para recibir este [dinero]?", dijo la directora de la ONG.
Otro de los puntos que se investigaron fueron "las supuestas capacitaciones [que realizan estos proveedores a los partidos]", indicó.
"Cuando hemos ido a [los locales de] las empresas que habrían prestado estos servicios, resulta que [en ese lugar] no funcionaba ninguna empresa, eran domicilios o pequeñas tienditas donde sacan fotocopias. ¿De qué capacitaciones hablamos?", se preguntó.
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Requisitos más estrictos en el reglamento
Para este periodo del 2021 al 2026, se están asignado 77 millones de soles aproximadamente a todos los partidos, indica Díaz Picasso. "Esto se asigna para dos grandes rubros: el 50% para la operatividad y gastos administrativos del partido y la otra mitad para capacitaciones, investigaciones y difusión", explicó.
Por ello, propone que, a nivel reglamentario, se tengan requisitos más estrictos para las contrataciones de proveedores. Por ejemplo, que la elección de proveedores se haga mediante una terna de empresas con currículum o experiencia documentada, mientras que en el caso de las investigaciones sugiere que se habilite un repositorio de estos archivos y se revise su calidad, para verificar que el dinero se está utilizando de forma correcta y eficiente.
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